La jueza Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, ordenó 36 meses de prisión preventiva contra 10 de los investigados por presuntamente pertenecer a la organización criminal La Nueva Generación del Crimen.
Caso
Hasta este viernes 10 de junio, la medida coercitiva se ha dictado contra Jesús Antonio Córdova Castillo (presunto líder), Carlos Miguel Mera Paz (lugarteniente), Marco Antonio Gastelo Saavedra, Jordy Núñez Suyón, Edilberto Serrato Soplopuco y José Alejandro Pérez Benavides.
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De igual forma, se dictó cárcel provisoria para Manuel Antonio Alarcón Vélez , Juan Francisco Martínez Irureta, Luis Enrique Mogollón Porras y Carlos Urbina Palomino. Todos los mencionados ya se encuentran en el penal de Chiclayo.
En su requerimiento de prisión preventiva, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) sostiene que la red criminal La Nueva Generación del Crimen se originó en el 2019 para cometer delitos de organización criminal, marcaje, reglaje, robo agravado, hurto agravado, extorsión, sicariato y otros.
En esta investigación fue vital la declaración del agraviado y testigos, así como las escuchas legales y la información recogida por un agente especial encubierto. Es así que se determinó que Jesús Córdova Castillo era el encargado de articular las órdenes a todos sus miembros y dar cumplimiento a los actos delictivos, mientras Carlos Mera Paz secundaba al cabecilla y verificaba que todo se dé conforme a lo que ellos planificaban.
Durante las sesiones judiciales para analizar la prisión preventiva, además del fiscal Juan Mogollón Castillo, también participaron los fiscales adjuntos Cinthya Gastulo Muro y Jhonatan Abel Díaz Calderón.
Prófugos de la justicia
El Ministerio Público sostiene en su petitorio que, hasta la fecha, hay presuntos integrantes de la organización criminal que no han sido capturados. Se trata de Brenda Yessenia Bautista Erazo, Gian Carlos Urbina Saca, José Ronal Tingal Coronel, Marlon Yamunaque Miranda, José Manuel Díaz Mejía y Marianella del Carmen Salazar Vélez.
La referida situación, de acuerdo a la teoría fiscal, permitiría a los prófugos interferir, modificar u ocultar las pruebas esenciales para acreditar la comisión de delitos por parte de la presunta organización criminal.
Por este caso, tres investigados decidieron someterse a la terminación anticipada, es decir, confesaron sus delitos. Se trata de Gian Pierre Olaya Arboleda y Dante Rubén Paico Paz, sentenciados, respectivamente, a cinco años con ocho meses y a cuatro años de prisión efectiva por el delito de organización criminal. Además, deberán pagar S/ 15.000 y S/ 23.000 de reparación civil.
Del mismo modo, fue condenada a cuatro años de cárcel efectiva Steyci Yadira Díaz Véliz por el delito de conspiración al sicariato. Esta mujer tendrá que cancelar S/ 2.000 de reparación civil.
Cabe precisar que, en esta investigación, cumple comparecencia con restricciones Orlando Peche Agurto por el delito de organización criminal.