Casos de violencia escolar reportados este año superan a los del 2020 y 2021

“Las niñas me han abrazado, han llorado conmigo y me han contado lo que sucedió”. Hace una semana, Angélica Mingos, directora del colegio rural n.° 32797 denunció que once escolares habían sido víctimas de violencia sexual en el centro poblado Santa Rita Sur, en la provincia huanuqueña de Pachitea.

Solo dos meses atrás, madres del caserío Rico Monte, en Áncash, acusaron a un docente de tocamientos indebidos contra dos alumnas de la escuela n.° 30001. Y luego, en Comas, otra madre del colegio Inca Garcilaso de la Vega reveló que un trabajador administrativo había ultrajado a su hijo de 6 años. “Yo necesito justicia”, reclamaba.

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Estos hechos, que no son aislados, apuntan a que la escuela aún puede ser un espacio inseguro. Y es que solo hasta fines de abril se han reportado 874 casos de violencia contra estudiantes de colegios públicos y privados, según el Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe), del Ministerio de Educación, el cual ha reconocido la existencia de un subregistro en las estadísticas.

Del total de denuncias, 163 son de tipo sexual, lo que incluye tocamientos indebidos, acoso, comentarios de connotación sexual o violación, como lo ocurrido en Huánuco. Otras 322 son de carácter psicológico; por ejemplo, amenazas o burlas; mientras que 389 serían agresiones físicas, aunque no hayan generado lesiones.

Casi la mitad de presuntos agresores son docentes y administrativos (384); el resto, escolares.

Algo que también llama la atención es que los 874 casos reportados en los primeros cuatro meses de este año superan a los registrados en la totalidad del 2021 (769) y del 2020 (756), según las cifras a las que tuvo acceso este diario.

Además, justamente en el periodo donde los escolares han retornado a las clases presenciales, la violencia física ha vuelto a ser la más denunciada.

La Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Educación coinciden en que durante la pandemia continuaron los reportes de violencia, aunque en los dos primeros años estaban vinculados, en mayor medida, al entorno digital como el ciberacoso.

Al revisar los registros del Síseve, La República pudo detectar casos de trato humillante debido al lugar de origen de los niños por parte de personal educativo; castigos físicos en zonas rurales, así como acoso y violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos.

“El 2022 se presentan más casos y se dan en el marco del retorno completo a las aulas. En medio de la pandemia también han ocurrido, ya que las personas interactuamos en varios espacios y al hacerlo desde lo virtual se producen situaciones, tanto entre escolares, como del personal educativo”, dice la representante de la Adjuntía de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Tania Orihuela.

En esa línea, el director regional de Lima Metropolitana, Luis Alberto Quintanilla, reconoce un “incremento sustantivo” respecto al 2020 y 2021. “Hemos estado trabajando con semipresencialidad o en la modalidad a distancia plena. Ahora que los alumnos han vuelto, hemos visto actos como bullying, por eso se necesita trabajar de forma multisectorial”.

Subregistro y acciones

Los reportes durante la pandemia son menores a los previos a ella. El 2019 se llegó a 13.007 casos, de los cuales 2.341 eran de tipo sexual. En regiones también hay grandes diferencias.

“Pero si hoy figuran pocos no quiere decir que no ocurran, sino que es un subregistro que puede ser por desconocimiento, falta de conectividad o inaccesibilidad geográfica que dificulta el registro en el SíseVe”, precisa Tania Orihuela, de la Defensoría.

Esta institución, además, subraya que un camino para luchar contra la violencia es la implementación del enfoque de género y de la educación sexual integral en los colegios, lo cual está en riesgo luego de que el Congreso aprobara una iniciativa para vetar textos escolares.

A esto, Orihuela suma la urgencia de mejorar la prevención y fortalecer la labor de las UGEL y DRE. “Lo que se quiere es que estos hechos no ocurran. Las autoridades no lo deben abordar como un tema menor o recién cuando ya pasó el suceso. Se deben activar los protocolos y exigir que se cumplan”, indica.

Y es que han detectado desinformación por parte de autoridades educativas sobre los lineamientos para la convivencia escolar, prevención y atención de violencia, dados por el Minedu, los cuales disponen que cada colegio debe contar con un comité de gestión de bienestar, normas de convivencia, y responsables ante las denuncias. “No basta que se emitan las normas, sino que se ejecuten”.

Claves

Puede reportar un caso en siseve.pe o en la línea gratuita 0800-76888.

Pese a las solicitudes de este diario, el Minedu no respondió sobre la situación de violencia y acciones a tomar.