
La Defensoría del Pueblo condenó y pidió el cese de los hechos de violencia ocurridos durante el desalojo en la zona de Takiruta, propiedad de la minera MMG Las Bambas, en Apurímac, que dejó 18 personas heridas (14 civiles y 4 policías) y daños a la propiedad privada.
La entidad solicitó al Ministerio Público a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de los ilícitos penales cometidos. Asimismo, determinar las responsabilidades por las lesiones infligidas a las personas que resultaron heridas.
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En un pronunciamiento, la Defensoría hizo una exhortación tanto a los ciudadanos de Challhuahuacho y Coyllurqui, como a la Policía, que protagonizó estos enfrentamientos.
“Un llamado a pobladores y dirigentes de Challhuahuacho y Coyllurqui a detener los actos de violencia, demostrando responsabilidad y apego a la ley. Las partes deben volver al objeto central del proceso de diálogo”, dice el comunicado.
En tanto, a la Policía se le recordó que “en todo momento debe hacer uso legal, necesario y proporcional de la fuerza. Y que es su obligación presentar un informe sobre su actuación al término del operativo. El estado de emergencia no es una medida que ampare violaciones a los derechos”.





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