Chiclayo: caso de interno que permanece en clínica por más de un año involucra al INPE
Christian Ricardo Serquén Alfaro tiene una orden de prisión preventiva y una acusación que implica más de 29 años de cárcel. Juez ha pedido investigar a servidora del penal por dar información falsa sobre imputado.
Durante la audiencia de cese de prisión preventiva contra Christian Ricardo Serquén Alfaro, implicado en un presunto caso de corrupción en la Municipalidad Distrital de Callayuc (región Cajamarca), el juez Reynaldo Leonardo Carrrillo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, dejó entrever que se omitió información respecto a su situación jurídica por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Situación
Serquén Alfaro se encuentra en la clínica Juan Pablo II del distrito de La Victoria desde marzo de 2021, pese a que sobre él recae una medida de 18 meses de prisión preventiva dictada el 12 de diciembre de 2020. Recientemente, la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe Gil presentó una acusación contra el referido y pidió 29 años y 4 meses de cárcel por los delitos de peculado y lavado de activos.
La República pudo conocer que Serquén Alfaro fue ingresado al penal de Chiclayo el mismo día en que se le ordenó prisión preventiva. Tres días después, el 15 de diciembre de 2020, el investigado fue internado en la clínica Juan Pablo II.
Desde el referido último lugar, el imputado fue trasladado a la clínica BM por una enfermedad respiratoria hasta el 5 de febrero de 2021. Tras recibir alta médica, Serquén Alfaro regresó al centro penitenciario; sin embargo, el 9 de marzo de 2021 volvió a ser ingresado en la clínica Juan Pablo hasta abril de 2022.
“Según todas las partes, el imputado estaría hospitalizado desde hace más de un año en la mencionada clínica, sin embargo, este órgano jurisdiccional requiere información de vital importancia para determinar la situación jurídica del imputado, es decir, el lugar donde formalmente se encuentra y el tiempo en que se encuentra fuera del establecimiento penal y hasta cuándo va a permanecer fuera del mismo”, expuso el magistrado Reynaldo Leonardo en audiencia virtual.
Seguidamente, el magistrado anticorrupción detalló que el INPE omitió información respecto a la situación del investigado Christian Serquén Alfaro y se entregó documentación falsa. Ante esto, pidió a la Fiscalía de Turno que inicie una investigación penal contra Martha Piscoya de Santa María, gestora de base de datos del penal de Chiclayo, por haber proporcionado información falsa sobre la ubicación de Serquén Alfaro.
De igual forma, el juez Leonardo Carrillo pidió que la actual directora del penal de Chiclayo, Zulmi Nair Rivas Arana, brinde información sobre la situación judicial del investigado Serquén Alfaro.
“Se debe reiterar al director del penal que informe sobre quién se encuentra a cargo de su resguardo, por cuánto tiempo ha egresado del penal y hasta cuándo, y también sobre si va a participar en esta audiencia (...) Estos son aspectos que no ha respondido la autoridad que se encuentra bajo su custodia pese a que el imputado se encuentra con una medida de coerción procesal, la cual solicita que se evalué”, expuso el letrado.
Al finalizar la audiencia de cese de cárcel provisoria, el juez Reynaldo Leonardo decidió reprogramar la sesión para una próxima fecha.
Acusación
A la empresa CSA Development SAC, representada por Christian Ricardo Serquén Alfaro, se le acusa de haber recibido S/ 5 400 000 por parte de la comuna distrital de Callayuc, a través de los expedientes SIAF n.° 913 y n.° 914, pese a que no prestó ningún servicio en la entidad edil. Las transferencias fueron realizadas el 19 y 20 de octubre de 2020.
Para el Ministerio Público, estos hechos afectaron presupuestalmente a dos obras que se encontraban en ejecución por transferencias efectuadas a favor de terceros que no tenían ninguna vinculación con el municipio de Callayuc.
Según información a la que accedió La República, la magistrada Ninaquispe Gil también pidió 12 años y 8 meses de cárcel para el alcalde de Callayuc, José Montenegro Cabrera, por le delito de peculado doloso agravado. Una pena similar y por el mismo ilícito se pide para Percy Edilberto Pintado García (jefe de Planificación y Presupuesto}, Ronal Berti Quispe Quispe (tesorero) y Marín Guevara Vásquez (servidor público).
