Al menos 180 trabajadores nombrados y contratados de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno cobraron de manera irregular una bonificación extraordinaria COVID-19, a pesar de que no les correspondía, ya que sus funciones no estaban vinculadas a la ejecución de servicios en el marco del Decreto de Urgencia (D.U.) N° 026-2020.
A raíz de ello, la Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de 436 mil 320 soles en la Diresa Puno. Esta entidad acordó, aprobó, autorizó y efectuó el pago de este beneficio económico.
Según el informe de auditoría de cumplimiento, cuyo periodo de evaluación es del 1 de mayo de 2020 al 28 de febrero de 2021, de acuerdo D.U. N° 026-2020 modificado por el D.U. N° 053-2020, la bonificación está destinada a personal de salud que presta servicios efectivos de alerta y respuesta en el marco de la emergencia por la Covid-19. Pese a la restricción en la norma, se hizo el pago a trabajadores que no les correspondía.
Además, se advirtió que se pagó a ocho servidores que están observados en el Registro Nacional del Personal de la Salud-INFORHUS y 13 que tienen cargos directivos, a pesar de estar excluidos expresamente por la normativa.
El bono de 720 soles estuvo dirigido a profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que prestan servicios en las unidades de cuidados intensivos de los centros médicos, hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica. También es para los trabajadores que realizan visitas domiciliarias a los pacientes que reciben atención ambulatoria y personal administrativo que cumplen los criterios de la norma.
La Contraloría informó que entre los beneficiarios se encuentran 9 servidores nombrados y contratados bajo el Decreto Legislativo N° 276 y 42 bajo la modalidad CAS. Entre los beneficiados está un exdirector de la Diresa Puno, además de personal de las oficinas de Recursos Humanos, Unidad de Remuneraciones y Presupuesto, Administración, Áreas de Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad y Planeamiento.
Los resultados de la Auditoría de Cumplimiento fueron notificados a la Dirección Regional de Salud. Esta deberá deslindar las responsabilidades administrativas que correspondan, y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, para el inicio de las acciones legales penales respectivas.
En más de una ocasión los profesionales de la salud del Centro de Atención Covid-19 del hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno emprendieron medidas de protesta para exigir el pago de la bonificación extraordinaria, pues denunciaban que les ponían una serie de trabas para recibir dicho subsidio. Incluso indicaron que trabajadores del nosocomio que no tenían nada que ver con el Área Covid-19 realizaban el cobro de beneficios económicos.