Áncash: detectan pagos irregulares por más de S/ 187.000 en Hospital Eleazar Guzmán de Chimbote

Un perjuicio económico de 187.724,36 soles detectó la Contraloría General de la República en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de la ciudad de Chimbote, región Áncash, debido al pago de bonificaciones extraordinarias por la COVID-19 a 102 servidores que incumplían criterios para recibir dicho beneficio, entre octubre y diciembre del 2020.

La Contraloría, a través de una nota de prensa, informó que ha emitido un informe de control posterior referido al irregular otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de salud y administrativo en el marco del artículo 4° del Decreto de Urgencia n.° 026-2020 durante la Emergencia Sanitaria por la COVID-19 en el Hospital Regional Elezar Guzmán Barrón.

En dicho informe se determinó que servidores del hospital aprobaron y autorizaron el pago a personal que no cumple los criterios para ser beneficiarios de la bonificación extraordinaria en el marco de la COVID-19 del periodo octubre a diciembre de 2020, generando un perjuicio económico de 187 724,36 soles.

En el informe también se indica que el jefe de la Unidad de Personal solicitó a cada área la relación de beneficiarios, luego de lo cual se efectuó el registro de dichos beneficiarios en el aplicativo informático Registro Nacional de Personal de Salud – INFORHUS.

Posteriormente, la Dirección Ejecutiva emitió las resoluciones directorales que fueron visadas por la Unidad de Personal y la Oficina de Administración, las cuales aprobaron las listas nominales de beneficiarios por mes, finalmente se emitieron las planillas y comprobantes de pago autorizando el otorgamiento de la bonificación al personal que incumplía los criterios establecidos en la normativa aplicable.

El informe de servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad n.° 24018-2021-CG/SADEN-SCE, fue elaborado por la Subgerencia de Atención de Denuncias de la Contraloría y comunicado al titular del hospital para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los 7 servidores públicos comprendidos en los hechos. Además, al Procurador Público de la Contraloría General, para dar inicio a las acciones legales civiles contra los mismos.