Atentado al patrimonio cultural en Supe, Barranca. Alejandro Ramón Solís Saavedra, quien ocupa un terreno de más de cuatro hectáreas dentro del sitio arqueológico Ciudad Sagrada de Caral-Chupacigarro, permanecerá aún hasta el 31 de mayo luego de que se cancelara, el último domingo, el desalojo ordenado por el Poder Judicial.
Ese día, por la mañana, representantes del Ministerio de Cultura, conjuntamente con más de cien policías, se desplazaron al lugar para ejecutar la orden de desalojo; no obstante, se encontraron con más de 60 personas que, con los rostros cubiertos y provistos de palos y machetes, bloqueaban la vía.
Las autoridades de Caral informaron que en medio de ese único acceso hallaron árboles y piedras. Debido a ello, realizaron labores de limpieza y desbloqueo, sin contar con el apoyo ni la protección de los agentes. “Ante la pasividad de la PNP, los funcionarios del Ministerio de Cultura y Caral arriesgaron su integridad física”, dijeron.
Y, en efecto, horas después, el arqueólogo Daniel Mayta fue agredido de manera física por Pablo César Mejía Solís, familiar del invasor Alejandro Solís Saavedra, y delincuentes extranjeros que lo acompañaban, mientras realizaba sus labores de investigación. Mayta estaba a 250 metros de la zona ocupada.
Pero ¿por qué se le dio tiempo al invasor de Caral? Según el procurador del Ministerio de Cultura, Henmer Alva Neyra, se logró conversar con Alejandro Solís Saavedra, quien aceptó el trato de retirarse voluntariamente en los próximos meses. Dice que lo hizo para evitar un conflicto con la población.
“No son invasiones de familias que estarían viviendo allí, son espacios en los que desarrollan su actividad de siembra de paltas y la justificación que ellos expusieron es que se les permita un tiempo prudencial hasta que puedan cosechar esos productos”, dijo a El Comercio.
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Al respecto, la directora de Caral, Ruth Shady, respondió que esta es una estrategia de los invasores para mantener la ocupación ilegal en casi 30 hectáreas de la ciudad sagrada.
“Por cuatro meses más, con su siembra, continuarán dañando las evidencias arqueológicas de Caral, la primera civilización de América. No hicieron caso a la orden de la Corte Suprema”, precisó preocupada. Ella ha sido amenazada de muerte.
Alejandro Solís no vive en el terreno que ocupa ni tiene título de propiedad. Según Reniec, su domicilio está en Comas.
Caral fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Mundial por la Unesco.