Mediante oficios enviados al gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, la Contraloría General de la República advirtió de riesgos en la captación y manejo de recursos propios en tres instituciones educativas públicas. Se trata del colegio Juan Manuel Iturregui, de la ciudad de Lambayeque, y los planteles chiclayanos San José y Nuestra Señora del Rosario.
En lo que respecta a la I. E. Juan Manuel Iturregui, el ente de control detectó que durante el periodo 2021 este colegio habría captado recursos por el alquiler de siete stands, piscina y coliseo por un valor de S/ 87.200. Sin embargo, dicha institución no contaba con resolución directoral de la UGEL Lambayeque, respecto al reconocimiento del Comité de Gestión de Recursos Propios.
Asimismo, se alertó que la UGEL Lambayeque no informó lo concerniente a los contratos y/o convenios que tendrían los colegios de su jurisdicción con personas naturales o jurídicas, lo que evidencia el desconocimiento de ingresos por alquileres de infraestructura y, por ende, el uso y destino que tendrían. Solo por arrendar su piscina, este colegio percibió S/ 31.000 de enero a diciembre último.
“La UGEL Lambayeque no habría ejercido su labor de supervisión (…) permitiendo que la gestión de recursos propios en la I. E. Juan Manuel Iturregui lo ejerza un comité sin reconocimiento, poniendo en riesgo el buen uso de los ingresos captados, generando que no se garantice una administración eficiente y transparente que contribuya a su autosostenimiento y desarrollo”, señala el oficio.
Con referencia a la I. E. San José de Chiclayo, la Contraloría precisó que los ingresos por alquiler de pista atlética, polideportivos y piscina se sustentan mediante la emisión de tickets numerados que no son rendidos ni depositados dentro de las 24 horas como lo establece el Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales en las Institución Educativas Públicas.
No obstante, eso no es lo más preocupante, sino que el ente alertó que, de acuerdo a la revisión de la cuenta corriente, se aprecia que los depósitos efectuados de setiembre a diciembre del 2021, por el monto de S/ 46.370, resulta menor a lo recaudado por la emisión de tickets y dos talonarios de boletas de venta durante el mismo periodo. Aquí el monto percibido fue de S/ 86.446.
“La situación expuesta viene afectando el correcto uso de los recursos de la entidad al no efectuar rendición de lo recaudado, ni los depósitos, existiendo una diferencia de S/ 40.000 entre lo recaudado según los tickets y boletas con lo depositado a la cuenta del colegio; generando el riesgo del uso y destino inadecuado de los recursos públicos de la institución educativa”, expresa la Contraloría.
Colegio San José Chiclayo
Finalmente, la Contraloría informó que el colegio Nuestra Señora del Rosario de Chiclayo brindó en concesión su piscina a una escuela de natación, por lo cual no recibe ingreso alguno desde el 2020, el único beneficio es que los responsables se encargan del mantenimiento del servicio. Dichas operaciones no cuentan con el sustento documentario, contrato ni facturas que acrediten la contraprestación.
“Cabe resaltar que, de la búsqueda realizada a la web de la Sunat por la comisión auditora, respecto a la existencia de la escuela de natación, se observa en la consulta RUC que dicha asociación ha iniciado sus actividades el 1 de febrero del 2021, figurando con actividad económica de ‘actividades de clubes deportivos’ y autorizado para emitir facturas y boletas”, agrega el ente de control.
Nuestra Señora del Rosario
Para la Contraloría, resulta “incongruente” lo mencionado por la directora de este colegio, quien afirmó que las operaciones realizadas entre el plantel y la escuela de natación vienen siendo realizadas desde 2020, cuando en dicho periodo la escuela en mención ni siquiera se había constituido, no acreditando su existencia como persona jurídica con ningún documento por dicho periodo.
Ante lo expuesto, la Contraloría le solicitó al gobernador regional de Lambayeque actuar de acuerdo a sus competencias, para lo cual deberá remitir el Plan de Acción en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de recibidos los oficios (29 de diciembre del 2021).