En Lima y Callao se multiplican las extorsiones que se ordenan en cárceles
Preocupante. Criminales cobran S/ 5 diarios a transportistas, S/ 4.500 mensuales a maestros de obras o más de S/ 10.000 a empresarios de restaurantes o grupos musicales. Jonathan Maicelo está en su mira. En prisión hay 1.052 extorsionadores.
El 31 de mayo, Luciano Díaz Fukumoto, un exmilitar héroe del Cenepa, fue asesinado a tiros. La víctima, quien se ganaba la vida como llenador de taxis colectivos en la zona comercial de Ventanilla, se había negado a pagar cupos de 5 soles a una mafia de extorsionadores.
La violencia que se vive en la ciudad tuvo un nuevo capítulo sangriento esta semana, con el asesinato de un comerciante importador de Mesa Redonda. Alfredo Rubén Castillo Pablo, de 46 años, fue eliminado a balazos y la Policía maneja dos hipótesis. La primera indica que era extorsionado y, al negarse a pagar dinero, lo mataron. La segunda revela que una banda criminal intentaba extorsionar a la familia y ejecutaron el crimen para enviarles un mensaje.
“Plata o plomo”. Esas palabras se han transformado en dos opciones: una es pagar a los extorsionadores; la otra, parece irreversible, es prepararse para que el frente de un negocio o una casa o la propia víctima sean blanco de las balas.
Estas bandas han gestado un negocio paralelo a la venta de drogas, al secuestro, al tráfico de terrenos o al robo y empiezan, nuevamente, a tener a comerciantes y pequeños empresarios como blanco predilecto.
Muchos de estos ‘apretones’ se coordinan, como casi todos los movimientos criminales, en algunas cárceles del país.
De acuerdo al INPE, hasta el mes de mayo había recluidos 1.052 delincuentes por delito de extorsión: 317 procesados y 735 sentenciados. De ellos, 950 son varones y 102 mujeres que podrían estar aún operando.
Otro dato relevante es que 749 de ellos ingresaron a prisión por primera vez y 187 por segunda. En mayo, 30 extorsionadores fueron liberados y están con semilibertad, libertad condicional o con remisión de pena.
Emisarios en el exterior
La tarde del 1 de noviembre, el boxeador y empresario Jonathan Maicelo, propietario del restobar Maicelo, recibió en su local de San Juan de Lurigancho una bolsa con una granada de guerra y una nota que decía: “Ya sabes que tienes que tocar la puerta dejando tu ingreso. Evítate los problemas, cuida tu vida. Atte. Loco Aroni”.
Víctima. Jonathan Maicelo pide a la Policía que investigue. Foto: difusión
El miedo genera dudas, dice el exjefe antisecuestros Jorge Mejía. Así, los transportistas son obligados a pagar cupos de 5 soles diarios. Un maestro de obra de construcción debe desembolsar 4.500 soles; mientras que el dueño de un restaurante, una flota de buses o de grupos musicales paga 10.000.
“Los extorsionadores ahora exigen a sus víctimas a girar dinero a sus contactos en el extranjero y estos los retornan previo cobro de una comisión”, sostiene el coronel (r) Mejía.
En muchos casos no se hacen las denuncias. Por ese motivo, según señalan en la Policía, es difícil de dimensionar con estadísticas la cantidad de extorsiones que se producen por día.
Para el exoficial y otros experimentados policías, la extorsión nace con los ‘Pulpos’ y ‘Los Monos’ en la ciudad de Trujillo. Sin embargo, con las capturas de sus integrantes y los golpes que sufrían los secuestradores en la década del 2000 empezaron a extorsionar a transportistas. Era más rentable y menos peligroso. Con el auge de esa modalidad, otras bandas delictivas empezaron a brindar protección a cambio de un pago mensual: un llamado “cupo”.
El pago garantizaba que los miembros de la banda o de otras no robaran los negocios.
Desde mediados de la década de los 2000 hasta la fecha el mercado de la extorsión se ha extendido hasta convertirse en una modalidad generalizada.
El extorsionador requiere y obtiene de su víctima la información de organismos como la Sunarp, Sunat, Reniec e indagaciones en las redes sociales para concluir con información económica del entorno familiar.
“Es un problema muy serio. Vamos a reforzar la prevención y la inteligencia criminal, porque la mayoría de estos hechos se producen desde la cárcel”, dice el general Jorge Ángulo, jefe de la Región Policial Lima.
Cambian de métodos
Inicialmente, los delincuentes comenzaron a plantear a sus víctimas escenarios que incluían situaciones peligro de familiares. Sin embargo, con el tiempo las llamadas de tener en su poder a un hijo, madre, padre o cualquier otro familiar dejaron de funcionar cuando se comprobaban que era falsas.
Al no poder concretar con su extorsión, e incluso en algunos casos volverse parte de una broma, comenzaron a cambiar el modus operandi.
‘Los Malditos de Huáscar’ empezaron a extorsionar directamente a los dueños de colegios, restaurantes y otros negocios enviándoles explosivos, balas o atacando las fachadas. Ese sello empezaron a usarlo otros grupos criminales.
Polémica medida
Para enfrentar este y otros delitos, como el sicariato que también sigue en aumento, el Gobierno autorizó a los militares a salir a las calles, pese a las fuertes críticas de Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Los uniformados apoyarán en el control del orden interno y los operativos en Lima y el Callao a solicitud de la PNP.
Preocupación en empresarios de Gamarra
Frente a las extorsiones que vienen sufriendo, Edward Raymundo, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra, dijo que la seguridad en ese emporio comercial se intensificará con la instalación de videocámaras y el servicio de dos drones.
“Nuestro gremio agrupa a 104 empresarios y ante la proximidad de las fiestas navideñas nos preocupa la seguridad de todos. Estamos coordinando con la Policía nacional para incrementar el número de efectivos”, dijo el empresario.
En cifras
1.052 extorsionadores están presos en distintas cárceles del país.
950 de ellos son varones y 102 son mujeres según cifras del inpe.
