La sostenibilidad de la sentencia para la recuperación de los espacios públicos en el mercado Modelo ha conllevado a enfrentamientos entre los comerciantes ambulantes y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), con el uso de objetos punzocortantes y arma de fuego.
Ante esta situación, el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo, rechazó los actos de violencia que se generan entre ambas partes. Tal es así que el incidente que protagonizó un agente de Serenazgo, que con un arma de fuego hizo disparos al aire para disuadir a los informales, lo consideró ilegal y peligroso.
Si bien precisó que existe una sentencia del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, que el 26 de diciembre de 2021, cumple 10 años de haberse emitido, comentó que las autoridades municipales de las tres últimas gestiones no han logrado la sostenibilidad del fallo judicial.
A la vez, manifestó que se necesitan medidas idóneas para asegurar las condiciones de seguridad y evitar hechos que pongan en riesgo la integridad de las personas en el mercado Modelo.
Julio Hidalgo solicitó a la Fiscalía actuar a la brevedad.
Cabe indicar que el jueves 4 de octubre de 2021, los informales se enfrentaron con el personal municipal que patrullaban las calles colindantes al centro de abasto. Fue en estas circunstancias, que un integrante del Serenazgo empleó un arma de fuego para amedrentar a los negociantes que se resistieron a abandonar la vía pública.
En ese sentido, Hidalgo dijo que se cometen excesos que ponen en riesgo la integridad y seguridad de las personas. “La violencia se rechaza venga de donde venga, pues deslegitima las diligencias para la recuperación de los espacios públicos”, expresó.
Subrayó que la MPCh debe ejecutar estrategias adecuadas con enfoque social y evitar hechos que vulneren la normal. “Usar un arma de fuego es ilegal, pues ningún servidor municipal tiene facultades para utilizarla. El caso debe ser investigado por la Fiscalía”, anotó.
También invocó a los informales a colaborar con el ayuntamiento en el proceso de reubicación, y a la Policía Nacional identificar a las personas que delinquen y se resisten a respetar el mandato judicial. “La vía pública es para el tránsito y no para el comercio”, aseveró.