Juez de paz en Arequipa frustra por más de tres años ejecución de sentencia
Sui Generis. En 1995, excatedrático adquirió parcela en anticresis por US$ 15 mil a familia de El Pedregal que transfirió predio ilícitamente para no devolverle el dinero. Sentencia de 2014, ordena lanzamiento de terreno a favor de exdocente, pero juez de paz Dionicio Cosi frustró diligencia desde 2017.
César Salinas Málaga batalla hace 22 años en el Poder Judicial para recuperar US$ 15 mil. El dinero proviene de un contrato de anticresis a través del cual consiguió una parcela de 5 hectáreas en El Pedregal (Majes) en Arequipa.
Los dueños del predio antes de finalizar el contrato transfirieron la propiedad con el fin de desconocer la deuda y lo echaron de la chacra donde sembraba forraje para más de 50 cabezas de ganado. Lo perdió todo, iniciando así un litigio que no concluye hasta la fecha por una aparente falta de diligencia del sistema de judicial.
La justicia ha sido esquiva y excesivamente lenta en su caso. En 2014, un juez del Sexto Juzgado de Paz letrado de Arequipa ordenó la restitución del bien (parcela) y dispuso el lanzamiento de los actuales propietarios del predio. La resolución no se ha cumplido. El titular del Juzgado de primera nominación de El Pedregal, Dionicio Cosi Quispe ha “retrasado” el cumplimiento del mandato hasta en 6 oportunidades desde 2017.
Historia compleja
La historia de Salinas se remonta a 1995. El 11 de julio de ese año, el exdocente firmó un contrato de anticresis por un año con los esposos José Raúl Barrios Sánchez y Noemí Casimira Sánchez. La pareja le entregó 5 hectáreas de su parcela ubicada en el asentamiento 4, sección D de la irrigación Majes por US$ 15 mil.
El contrato fue extendido a dos años. Nueve días antes de que este acabe, la pareja realizó un proceso de Anticipo de herencia a su hija Glenda Barrios, cediéndole la parcela. Esta a su vez vendió el predio a Vicente Gustavo Hinojosa, quien paradójicamente, restituyó el bien a favor de la familia Sánchez Barrios. Los hijos de la pareja, José Roberto y Alfonso José compraron la propiedad en US$ 30 mil. Ambas transferencias y compra-venta, fueron simuladas con el fin de desconocer la deuda con Salinas, asegura el abogado de este, Ricardo Cusirramos.
En efecto, a través de un engorroso proceso iniciado en 1999, la Segunda Sala Civil dispone la nulidad del asiento registral en favor de Glenda Barrios y por consiguiente de Hinojosa. El fallo además se eleva en casación a la Corte Suprema donde queda consentido en enero de 2012. Entre 2013 y 2015, con el proceso consumado, se procede a la cancelación de la inscripción de la parcela en Registros Públicos.
Restitución del bien
Salinas se mantuvo en posesión de la parcela, a la espera de la entrega del monto de la anticresis, hasta 2013, año en el que, según cuenta fue echado por la fuerza por los propietarios originales. Estos libraban otro proceso de forma paralela en el Juzgado de Paz de la Joya.
Sucede que un tercero, Héctor Flores Mamani demandó a Alfonso Barrios Sánchez, hijo de los propietarios originales, bajo la figura de obligación de dar suma de dinero, por una deuda entre las partes. En conciliación el demandado acuerda dar en remate la parcela de El Pedregal para saldar la deuda. Así ocurre. Paradójicamente, la parcela es adquirida por Marcelina Apaza, esposa de uno de los hermanos Barrios Sánchez.
Enterado de lo ocurrido Salinas interpone un recurso contra la medida, logrando que el 25 de febrero de 2014 el sexto Juzgado de Paz letrado de Arequipa, falle a su favor con la restitución del bien. La orden se mantuvo paralizada por casi 3 años, debido a que la familia Barrios Sánchez interpuso una medida cautelar contra el fallo. En 2017, la defensa de Salinas logra que esta quede sin efecto y se ordena el lanzamiento de los Barrios Sánchez del predio.
Tres años perdidos
La causa quedó en manos del Juzgado de Paz de La Joya. Este designó la ejecución al juez de la Primera Nominación de El Pedregal, Dionicio Cosi Quispe. De acuerdo, a una queja interpuesta por Salinas ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA), el juez ha obstaculizado la recuperación del bien por falta de diligencia por más de tres años. En ese lapso habría frustrado hasta en seis oportunidades el desalojo sin aparente justificación.
El hecho más bochornoso se produjo el 17 de julio de 2018. Cosi no se presentó a la diligencia de lanzamiento pactada para las 15:00 horas, dejando colgados a 24 sub oficiales de la USE, 18 sub oficiales de la comisaria de El Pedregal, un perito designado por el Juzgado de Paz de La Joya y Salinas. No contestó el celular, cerró su oficina. En su defensa, posteriormente dijo que la PNP no confirmó su participación y que no se le había pagado la tasa.
Procesado
Por este caso, el magistrado ha sido denunciado y sentenciado en primera instancia por la juez penal unipersonal de Caylloma -El Pedregal, Olga Coaguila por el delito de Omisión de Actos Funcionales. El fallo fue emitido el 20 de enero de este año. Se le impuso 1 año y cuatro meses de pena privativa con carácter de suspendida, la inhabilitación del cargo y el pago de reparación civil por S/ 7,500.
Pese a la pena impuesta, en primera instancia, el magistrado siguió impartiendo justicia. En agosto de este año, la defensa de Salinas, pidió la suspensión preventiva del juez ante la ODECMA. El presidente de este órgano, Jonhy Cáceres reconoció que, por complicaciones en el sistema informático, debido a que el quejoso presentó 4 quejas por el mismo caso, recién se inició investigación preliminar del caso el 10 de setiembre último.
Señala que en caso de delito doloso, su separación es potestad del presidente de la Corte superior de justicia. No obstante, desde Odecma, tras la apertura del proceso disciplinario este puede ser separado o suspendido. Según norma se tiene 30 días para asumir acciones.
¿Puede un juez procesado impartir justicia? “En un estado de derecho, la presunción de inocencia es la que impera (…) El delito doloso debe quedar firme en una sentencia”, comenta Cáceres.
Al cierre de esta nota, la Sala Mixta de Camaná, dirigida por el juez Óscar Béjar Pereira, revocó la sentencia de primera instancia. De forma preliminar se supo que el colegiado no advirtió dolo en el juez. La defensa de Salinas anunció que elevarán el caso a la Corte Suprema.
Juez niega que frene proceso judicial de Salinas
La República conversó brevemente con el juez Cosi Quispe. Este se defiende de la acusación en su contra y niega ser responsable del retraso del lanzamiento. “Se debía notificar a cada una de las partes, respetar el procedimiento que estable la ley. Si no me podrían acusar de abuso de autoridad”, responde.
¿Aun así han pasado más de tres años, no hubo diligencia? Cosi, refiere que la pandemia detuvo y retrasó los dos últimos lanzamientos.
Refiere que no solo Salinas lo ha quejado. La contraparte (Barrios Sánchez) también interpuso una denuncia en su contra, la misma que no prosperó. “A este paso todo el mundo va a denunciarme”, señala.
Nuevo lanzamiento
En medio de todo este proceso que ha durado más de dos décadas, el 16 de setiembre último, la Jueza de paz de La Joya, Rosario Farfán Ayamamani dejó sin efecto, la comisión de lanzamiento designada a Cosi Quispe y dispuso una nueva fecha para el desalojo que estará a cargo de su persona. La nueva fecha establecida es el 19 de octubre.
En su resolución la juez es clara. “Han pasado 7 años sin que se logre ejecutar el lanzamiento, siendo evidente uno de los motivos, la falta de diligencia del juzgado de Primera nominación del Pedregal (…) todo este retraso ha originado que este proceso se sobredimensione y retrase indebidamente en perjuicio de César Augusto Salinas Málaga y en perjuicio de la imagen del Poder Judicial”. Esta es la historia de un caso judicial simple, que se ha extendido por 22 años.
