Arequipa: pedirán revisión de licencia de construcción de Tía María
Salida legal. Southern perdió la concesión “Vania”, terreno donde compañía prevé instalar la planta de Lixiviación. Ese argumento utilizarán los dirigentes del Valle de Tambo para pedir la nulidad definitiva del proyecto. Por otro lado, el presidente Castillo firmó documentos en donde se compromete a cancelar licencia según dirigentes.
Por: Elizabeth Huanca Urrutia
El proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, atraviesa por uno de sus momentos más inciertos.
En la víspera, La República reveló que la empresa Southern, propietaria de este yacimiento, perdió de forma definitiva la concesión de “Vania”, un predio donde el proyecto cuprífero asentaría la planta de procesamiento de minerales. El hecho significa un duro revés para la minera pues al no contar con la propiedad se pone en riesgo su licencia de construcción.
La pérdida de dominio de la concesión se debió a que la empresa minera no pagó el Derecho a penalidad durante el 2017 y 2018.
Enterado de esta situación, el vocero del Valle de Tambo, Miguel Mesa Idme señaló que pedirán al Ejecutivo la revisión de la licencia de construcción. Esta fue otorgada en julio de 2019 durante el gobierno de Martín Vizcarra.
Alternativa legal
El principal argumento de los opositores al proyecto Tía María, era hasta hoy, la falta de licencia social. No obstante, el caso “Vania” ha abierto una salida legal a sus exigencias, reconoce Mesa Idme. “Pediremos cuanto antes que una comisión especial revise e investigue cómo se dio la licencia de construcción y cual será su futuro ahora que ya no cuentan con Vania”, comentó.
Temas pendientes
El dirigente recordó que hay temas pendientes por resolver que también impedirían el inicio de Tía María. Uno de ellos es la licencia de uso de agua. Como se recuerda la mina utilizará agua de mar para su producción. A la fecha no ha obtenido la titularidad de la zona donde ubicará su planta de tratamiento. No obstante, hay una medida cautelar que la Junta de Usuarios del Valle de Tambo interpuso a mediados de 2019, para declarar inviable el proyecto. Cuestionan la legalidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
En efecto, el proyecto aún tiene un largo camino por recorrer. El especialista en temas mineros, César Montes de Oca explica que la legislación minera exige alrededor de 230 permisos para que una concesión inicie con su fase de operación. Tía María ha logrado al momento varios de ellos, la concesión minera del proyecto, la certificación del EIA, licencia de construcción, derecho de servidumbre y otros más. Empero, tiene en su haber la autorización del uso de agua, uso de carretera, etc.
Otras cartas
Al margen del tema legal, la dirigencia del Valle de Tambo maneja otra alternativa para exigir la cancelación de Tía María. Meza asegura tener en su poder el acta de compromiso con firma y huella digital de Pedro Castillo, donde se compromete a cancelar el proyecto. El documento data del 14 de marzo de 2021, cuando este llegó al Valle de Tambo antes de la primera vuelta. Además tiene otro documento similar con rúbrica de la vicepresidenta, Dina Boluarte del 29 de mayo.
Adicionalmente, Mesa asegura que un día antes que el Jurado Nacional de Elecciones proclame a Castillo como presidente (18 de julio), se reunió con este en su casa de Breña. Allí, Castillo “reafirmó su promesa de cancelar Tía María”.
Ahora esperan la llegada del premier Guido Bellido para el 28 de agosto para finiquitar el tema. Señalan tener el respaldo de los congresistas Jaime Quito y María Agüero.
Caso Santa Ana como referencia
Para Montes de Oca, la cancelación de Tía María, producto de la presión social, sería un pésimo mensaje para los empresarios del rubro.
Reconoció que la cancelación de los proyectos mineros, legalmente es posible. Hay dos formas, la anulación de la concesión y la expropiación. La última es más riesgosa. En ambos casos, Southern recurriría Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), donde el Estado Peruano no tiene buenos antecedentes. En 2017, perdió la demanda entablada por la empresa Bear Creek Mining, concesionario del proyecto de plata Santa Ana (Puno), por expropiación indirecta. El Perú debió pagar más de US$ 30.2 millones por daños y perjuicios.
Info Cronologia del caso Vania
