El suspendido gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, deberá seguir encarcelado mientras duren las investigaciones en su contra por supuesta colusión agravada. La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash confirmó la orden de prisión preventiva dictada.
Asimismo, los magistrados también declararon infundadas las apelaciones interpuestas por las defensas de los investigados Johnny Constantino Muñante Quispe, Pedro Miguel Velezmoro Sáenz, William Percy Rojas Vereau, Juan Wilson Mendo Sánchez y Jiordano Renzo Alva Pinedo.
La orden de prisión preventiva que se dictó contra Morillo Ulloa y el resto de investigados, fue de 10 meses. A ellos se les acusa de presuntos hechos de corrupción en la construcción e implementación de ambientes COVID-19 para el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.
Anteriormente, al suspendido gobernador también se le dictaminó nueve meses de prisión preventiva, por supuestas irregularidades en la implementación de ambientes COVID-19 en el Hospital Regional de Chimbote. Sobre este caso, existe una solicitud de cese de la medida que deberá resolverse en estos días.
No obstante, al ya existir un mandado coercitivo confirmado de 10 meses, Morillo Ulloa no podrá abandonar el penal Víctor Pérez Liendo de Huaraz.