
Tras la denuncia por el presunto pago indebido de 23,5 millones de soles en la ejecución del contrato suscrito en el 2017 con el Consorcio Protección Piura-Castilla, el gerente general del Gobierno Regional Piura, Jesús Torres Saravia, informó que la entidad realiza la investigación de este informe, puesto que no es concluyente y está basado en presunciones.
En conferencia de prensa, el funcionario aseguró también que, mediante oficio n.° 98-2021, el 21 de abril —un día después de la entrega del informe de compatibilidad por parte de la empresa Pronte—, el Gore Piura puso en conocimiento a Joan Ramírez Merino, gerente regional de Control de Piura; Contraloría General de la República; Procuraduría Pública Ad Hoc Penal; y a la Secretaría Técnica sobre el caso a fin de continuar con el procedimiento correspondiente.
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Por su lado, el gerente de Infraestructura, Wilmer Wiese Ruíz, indicó que dentro de tres semanas se contará con un informe final, ya que se realizarán visitas in situ y se analizará toda la documentación.
Mediante carta notarial n.°033, el Gobierno Regional Piura decidió rescindir contrato con el consorcio Protección Piura y Castilla, quien era encargada de ejecutar los trabajos del Tramo II de las defensas ribereñas del río, por incumplimiento de avances físicos programados y obligaciones en obra al alegar que no se podía permitir más retrasos injustificados.





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