
El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó la intervención inmediata de los profesionales del Instituto de Medicina Legal (IML) para la evaluación clínica del suspendido gobernador regional Anselmo Lozano a fin que se cumpla la prisión preventiva de 24 meses que dictó el Poder Judicial.
Luego que este órgano jurisdiccional dictó la medida de coerción personal contra la cuestionada autoridad, la fiscal anticorrupción, Karim Ninaquispe solicitó al juez Reynaldo Leonardo la revisión médica de Lozano quien encuentra internado en una clínica local.
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El investigado permanece en el establecimiento de salud desde el 27 de enero de 2021, fecha en que fue capturado por presuntamente liderar la organización criminal El imperio del mal que operó en la Municipalidad Distrital de La Victoria y en el Gobierno Regional de Lambayeque con el cobro de dádivas a cambio de obras.
Ninaquispe informó a La República que urge conocer con precisión el estado de salud de Lozano a fin que se ejecute la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario.
“La Fiscalía requirió a Medicina Legal examine al investigado (Lozano), incluso se pidió a la clínica emita un reporte del estado clínico del paciente”, remarcó.
Líneas seguidas precisó que conforme a la información proporcionada por el abogado, Anselmo Lozano fue intervenido quirúrgicamente tres veces por problemas a la vesícula.
Lozano sería llevado a un penal fuera de la región Lambayeque, en razón que el establecimiento penitenciario de Chiclayo se encuentra en estado de emergencia y no puede recibir internos por un plazo de 12 meses.
En audiencia, el juez Reynaldo Leonardo dispuso comparecencia con restricciones para José Huamán, Alexandra Criollo, Marco Tarrillo.
También para la exgerente del Gobierno regional, María Castro y para su hijo William Sime. En ese contexto, Ninaquispe remarcó que presentará recurso de apelación.
“No estoy conforme con la decisión del juez porque existen elementos fundados que no se advirtieron, entre ellos el peligro de fuga y la obstrucción a la justicia. La Fiscalía apelará ante el tribunal superior”, anotó.





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