Piden crear fiscalía ad hoc por muertes de Inti y Bryan
Justicia. Abogados de víctimas de la represión policial buscan que se agilice la investigación. Incluirían los casos de 110 heridos.
Con el propósito de agilizar y enderezar las investigaciones y evitar la impunidad en las muertes de Bryan Pintado e Inti Sotelo, así como las lesiones de otras 110 personas, causadas por perdigones y bombas lacrimógenas, los abogados de las víctimas solicitaron la creación de una fiscalía provincial penal ad hoc para que se aboque en exclusividad a la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos.
La solicitud fue presentada a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por los abogados Ronald Gamarra y Julio Arbizu, defensores de los familiares de Bryan Pintado, quien murió el 14 de noviembre pasado mientras protestaba en defensa de la institucionalidad democrática, contra el régimen de facto de Manuel Merino.
Los abogados también han asumido la defensa de Samuel Giraldo, Hanns Licera, Gustavo Moreno, José Contreras, Alexander Salas y José Piedra, quienes resultaron heridos.
Hay que recordar que el 15 de noviembre la Tercera Fiscalía Supranacional dispuso el inicio de la investigación preliminar contra los que resulten responsables de la muerte de los dos jóvenes, debido a la existencia de elementos de convicción sobre el uso de la fuerza policial desmedida para controlar a los manifestantes mediante el empleo de armas letales.
Y ante la inhibición de otras carpetas, dicha fiscalía procedió a la acumulación de otras 14 investigaciones y la ampliación de la mencionada indagación.
Caso complejo
A la fecha, la investigación que se sigue contra los generales Jorge Lam y Jorge Cayas, quienes se desempeñaban como subcomandante general de la PNP y jefe de la región policial Lima, respectivamente, así como a los que resulten responsables, ha sido declarada compleja por el número de víctimas.
Los abogados sostienen que, por tratarse de un caso de graves violaciones de derechos humanos, la investigación fiscal debe responder a los estándares de indagación establecidos por los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos y a las obligaciones internacionales del Estado de controlar la actuación de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, pese a determinadas medidas adoptadas por la Tercera Fiscalía Supranacional, la actual investigación no responde a los estándares y, de persistir, puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado.
Fiscalía tiene otros 90 casos
La Tercera Fiscalía Supranacional tiene a su cargo también otros 90 casos complejos de terrorismo y derechos humanos. Entre ellos, por ejemplo, está la investigación del caso Olimpo, en el que se indaga a 85 personas acusadas de pertenecer a Sendero Luminoso, 77 de los cuales se encuentran detenidos. La carga procesal tiene “ahogados” a los magistrados y no avanzan con las pesquisas.
