Fiscalía abrió investigación a extrabajador de OSCE por presunto tráfico de influencias

El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima abrió una investigación preliminar a extrabajador del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a cinco abogados particulares, involucrados en supuestos hechos de tráfico de influencias y pago de dádivas entre 2017 y 2020.

Ello luego de que, en julio del 2019, el OSCE atendió una denuncia relacionada a presuntos hechos ilícitos cometidos por Edgard Gianfranco Agurto Jara, quien prestó servicios en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Ante ello, la institución procedió a informar a la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú, para la investigación correspondiente.

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Los otros involucrados son los abogados Miguel Martín Medianero Arquinigo, Mirella Nathali Chávez Muñoz, Jalbert Alberto Vargas Jones, Carlos Adrián Medianero Arquinigo y Sophia Katherine Chávez Santos.

Según el Ministerio Público, como parte de las diligencias preliminares, cuatro fiscales y 12 efectivos policiales de la Dirección contra la Corrupción y la Dirección General de Inteligencia (Digimin), allanaron este 17 de diciembre los inmuebles de los primeros cuatro investigados, así como las instalaciones del OSCE, con el fin de recabar la documentación vinculada al caso.

De acuerdo a la investigación fiscal, Agurto Jara se habría valido de su cargo en el OSCE para permitir que estos abogados, representantes de dos estudios, utilizaran su usuario y contraseña con la que accedieron a la información reservada del libro Toma razón electrónica, del sistema informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (Sitce), y así obtener los datos de potenciales clientes y así ofrecerles sus servicios.

Luego, los abogados habrían realizado llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos a diversos proveedores o administrados que se encontraban inmersos en procedimientos administrativos sancionadores y les ofrecieron sus servicios legales.

Por ello, la Fiscalía investiga si esta práctica les habría permitido a los abogados obtener un resultado favorable para sus clientes, mediante resoluciones que eran declaradas improcedentes. A fin de lograrlo se habrían valido del contacto al interior del OSCE a cambio de presuntas ventajas, beneficios o dádivas.

A Edgar Agurto Jara se le investiga por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, mientras que a los otros supuestos implicados se les imputan los delitos de cohecho activo genérico y alternativamente tráfico de influencias en agravio del Estado.

Paralelamente, el OSCE viene llevando a cabo las acciones administrativas para la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan contra la citada persona.