Detienen en Lima a 72 personas y las vinculan a Sendero Luminoso

En medio de la tensión interna que se vive en la Policía y de la crisis que sufre el país, ayer fueron detenidas 72 personas, a quienes las autoridades acusan de pertenecer al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y a otros grupos generados, presuntamente, por la organización terrorista Sendero Luminoso.

El ministro del Interior, Rubén Vargas, dijo que con la Operación Olimpo, la Policía había dado un tiro de gracia, militar y políticamente, al grupo criminal Sendero Luminoso. Poco después renunció al cargo.

Vargas había destacado el trabajo de la Policía y el Ministerio Público indicando que “si bien es cierto no colocaban coches bomba y no asesinaban a dirigentes barriales, estaban avanzando en sus propósitos de infiltrarse en organizaciones sociales que tienen una agenda legítima, pero que pretendían desnaturalizarlas para que asumieran posiciones violentas”.

La mayoría de los detenidos, trasladados a la sede de la Dircote, afirmó que era una medida abusiva y arbitraria.

Entre ellos están Fernando Olórtegui Crispín, un profesor sentenciado por terrorismo en 1991. También Víctor Castillo Mezzich, sentenciado por el atentado en 1985 contra Domingo García Rada, expresidente del JNE. Asimismo, la supuesta integrante de la Base Movadef de Lima Cercado, Evalisa Cano Andia y su hermano Carlos, sindicado como integrante del Destacamento Este del llamado Ejército Guerrillero Popular.

El jefe de la Dircote, general Óscar Arriola, dijo que las pruebas son irrefutables y que la investigación se realizó con base en el levantamiento del secreto de las comunicaciones, y se emplearon agentes encubiertos, videovigilancia y seguimiento. Afirmó que los detenidos obedecían las directivas y consignas de la cúpula dirigencial de Sendero, compuesta por Abimael Guzmán y otros miembros que purgan condena.

La clave

La Operación Olimpo fue ejecutada por más de 700 agentes de la Dircote, la Diviac y la División de Inteligencia del Ejército. También participaron 98 fiscales. La orden de allanamiento fue dictada por un juez y la investigación preliminar es de 15 días.