La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno peruano por la falta de políticas públicas y presupuestos para abordar la violencia obstétrica, que supone una forma más de violencia contra la mujer.
Junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú, presentaron un informe sobre la situación de esta problemática social en el país, la cual históricamente ha sido normalizada e invisibilizada. Es así que, tras realizar entrevistas a 11 actores claves —pertenecientes a los ministerios de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, sociedad civil y expertas(os)— se concluyó que existen grupos de mujeres con mayor vulnerabilidad a sufrirla, ya sea por su nivel socioeconómico, edad, uso de lengua indígena, entre otros factores.
Según el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021, la violencia obstétrica “comprende todos los actos de violencia por parte del personal de salud con relación a los procesos reproductivos y que se expresa en un trato deshumanizador, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, que impacta negativamente en la calidad de vida de las mujeres”.
Sin embargo, Patricia Sarmiento, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo afirmó que las y los especialistas señalaron que la violencia obstétrica no solo se limitaría a procedimientos médicos, sino también a “maltratos de índole psicológico, físico o, de manera general, a un trato no digno”.
Sarmiento aseguró que esta modalidad de violencia de género se manifiesta de la siguiente manera:
Entre las principales causas para que se perpetren estos actos, según recogieron en el estudio, es que existe un apego a la doctrina de la necesidad médica, expresada en la posición desigual de las mujeres con respecto a los hombres en la sociedad y las relaciones de poder no paritarias entre el personal de salud y paciente.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recomendó al Minsa fortalecer las capacidades en el personal de salud, a fin de mejorar la atención de la salud materna, con enfoques de interculturalidad, interseccionalidad y de género y poniendo énfasis en los alcances del consentimiento libre, previo e informado como un derecho humano.