El machismo está latente en el sistema de justicia. A pocos días de que se revelara que tres magistrados de Ica archivaron una denuncia de violación sexual, culpando a la víctima y liberando al agresor, ayer surgió un nuevo caso, pero esta vez dentro de la Policía Nacional.
Una suboficial PNP denunció haber sido abusada por un alférez de su institución tras ser dopada en un restaurante. Sucedió el sábado 31 de octubre.
Se trata del alférez PNP Jhoel Gonzales Sánchez, con quien labora en la Unidad de Patrullaje a Pie del Callao. Según la víctima, él la llamó al complejo policial Alipio Ponce señalándole que tenían un servicio especial. Luego le pidió que se vistiera de civil, la esperó en un taxi y la llevó al restaurante de un centro comercial. Después de eso, ella despertó desnuda en la habitación de un hotel, el 1 de noviembre, sin recordar nada y sin su celular ni placa policial.
Pero ahí no acabó todo. Cuando se acercó a su unidad para hacer la denuncia, según narra, el mayor PNP Dilton Torres Lugo hizo llamar a Gonzales para que explique lo sucedido. Ella refiere que este le pidió perdón y le devolvió sus pertenencias. Tras ello, el oficial no tomó más acciones, agregó. Sin embargo, la afectada llevó el caso a la Depincri de Bellavista.
Conocido ello, la Policía informó que la suboficial fue trasladada al médico legista y se avisó de la denuncia a la Fiscalía. También dijo que la Inspectoría realiza la investigación disciplinaria contra el alférez (quien está no habido) y se procedió a detener al jefe de la Unidad de Patrullaje a Pie del Callao por presunta omisión de funciones.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de enero a setiembre del 2020 se han registrado 6.893 denuncias por violencia sexual. Las regiones con más casos son Lima, La Libertad y Arequipa.
Ayer, en Ica, un grupo de mujeres realizó una protesta en la plaza de Armas por el fallo de los jueces Ronald Anayhuamán Andía, Diana Jurado Espino y Lucy Castro Chacaltana, quienes absolvieron a Giancarlo Espinoza Ramos, acusado de violación sexual, después de que supieran que la ropa interior de la víctima era de color rojo y tenía encaje. La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) realiza una investigación disciplinaria.
La representante de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, precisó que los cuestionamientos hacia las víctimas de violencia sexual confirman que “somos un país donde el machismo está muy asentado”.
La abogada de la organización Demus, Jeannette Llaja, dijo que si bien en los últimos años ha habido capacitaciones a jueces, fiscales y policías sobre la violencia de género, aún falta definir una estrategia integral para desarraigar el machismo en esas instituciones que, desde su creación, tienen instaurado modelos masculinos, sobre todo la PNP. “Ese fallo de los jueces, por el calzón rojo de una víctima, también arrastra una investigación policial bajo una mirada machista. Es una cadena”.