Dos proyectos de ley, presentados por congresistas de las bancadas de Fuerza Popular (FP) y Acción Popular (AP), pretenden favorecer a los transportistas de las conocidas empresas afiliadoras y entorpecer la labor de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, lo que significa que combis y cústeres podrían mantenerse en las pistas por un largo tiempo.
Ambas propuestas serán debatidas hoy en la Comisión de Transportes del Congreso. La alerta la dio el legislador del Partido Morado Daniel Olivares.
¿Por qué el apuro? Porque estos permisos están por vencer a fines de este mes.
La primera iniciativa, que es del parlamentario de AP Luis Simeón, propone renovar de manera automática y por 10 años las autorizaciones de las empresas de transporte público. Asimismo, plantea que durante los tres primeros años quedará suspendida la facultad de la ATU para otorgar concesiones en esas rutas; precisamente, esta es una labor importante de la autoridad para continuar con la reforma de transporte.
Simeón no es nuevo en estos temas. Además de ser presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, ha sido uno de los férreos defensores de la polémica formalización de los taxis colectivos, los cuales han saturado las principales vías de la ciudad y vienen afectando a los cinco corredores viales.
La segunda propuesta es de autoría del fujimorista Marcos Pichilingue, quien propone que las autorizaciones emitidas en su momento por los municipios de Lima y Callao sean prorrogadas de manera automática por 6 años en favor de las empresas de transporte público.
Pichilingue no es conocido por temas de transporte sino por su oposición a otra reforma: la universitaria. Él se ha mostrado en contra de la labor de la Sunedu. Pero eso no es todo. También pretende darle voz y voto a dos representantes de los transportistas dentro del consejo directivo de la ATU. De esta forma, estarían en las futuras toma de decisiones con respecto a las medidas para aliviar el transporte de Lima y Callao.
Fuentes de la ATU dijeron que de aprobarse estas iniciativas se encontrarían con una gran traba para implementar el Sistema Integrado de Transporte (SIS), que consiste en tener empresas y rutas similares a los de los corredores complementarios.
En tanto, el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, lamentó que se quiera dar un plazo tan amplio a las empresas. “El 31 de octubre vencen las autorizaciones, por lo que la prórroga debe ser de un año o dos, tiempo suficiente para que la ATU termine de concesionar las 350 rutas tradicionales de Lima y Callao”, explicó. Todo depende del Congreso.
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