Fuerza Popular y Acción Popular buscan favorecer a transportistas y boicotear labor de la ATU

Siguen de espaldas a la realidad y buscan que las combis y los micros continúen en la ciudad. Dos proyectos de ley, presentados por legisladores de las bancadas de Fuerza Popular (FP) y Acción Popular (AP), pretenden favorecer a los transportistas de las conocidas empresas afiliadoras y entorpecer la labor de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao.

La primera iniciativa del congresista de AP, Luis Simeón, propone renovar de manera automática y por 10 años las autorizaciones de las empresas de transporte público. Asimismo, plantea que durante los tres primeros años quedará suspendida la facultad de la ATU para otorgar concesiones en esas rutas; precisamente, esta es una labor importante de la nueva autoridad para continuar con la reforma de transporte.

Simeón no es nuevo en estos temas. Además de ser presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, él ha sido uno de los férreos defensores de la formalización de los autos colectivos, los cuales han saturado las principales vías de la ciudad y vienen afectando a los corredores complementarios.

La segunda propuesta legislativa es de autoría del fujimorista Marcos Pichilingue, quien propone que las autorizaciones emitidas, en su momento, por los municipios de Lima y Callao sean prorrogadas de manera automática por 6 años en favor de las empresas de transporte público.

Pichilingue no es conocido por temas de transporte sino por su fuerte oposición a otra reforma: la universitaria. Él se ha mostrado en contra de la labor de la Sunedu.

Actualmente, estas dos iniciativas se encuentran en la Comisión de Transportes y hay apuros en que sean aprobadas. El parlamentario del Partido Morado, Daniel Olivares, alertó que mañana serán debatidas.

¿Por qué el apuro? Porque estos permisos están por vencerse a fines de este mes. Fuentes de la ATU precisaron que de aprobarse estas iniciativas se encontrarían con una serie traba para implementar el Sistema Integrado de Transporte (SIS), que consiste en tener empresas y rutas similares a los de los corredores complementarios.

Pero eso no sería todo. Pichilingue también pretende darle voz y voto a dos representantes de los transportistas dentro del Consejo Directivo de la ATU. De esta forma, estarían en las futuras tomas de decisiones con respecto a las medidas para formalizar el transporte en Lima y Callao.

Así, el caos del transporte se aferra de las uñas desde el Congreso.