José Víctor Salcedo
Espinar convive con la minería casi 40 años. Desde 1985, cuando el Estado aprobó extraer la veta de cobre, siempre hubo una relación de amor-odio. Las primeras protestas tuvieron lugar en 1990 cuando el gobierno de Alberto Fuijimori decidió privatizar la empresa estatal que explotaba la mina Tintaya. La beneficiada fue el consorcio estadounidense Magma Cooper Company que luego fue absorbida por Broken Hill Proprietary (BHP).
Un tiempo después, esta se fusionó con la empresa Billiton. Tras sucesivas protestas, en 2001 las organizaciones sociales y autoridades de Espinar lograron que la minera acepte dialogar a fin de impulsar un convenio que implique un aporte económico a favor de la población. Casi tres años después, en 2003, se firmó el denominado Convenio Marco, un fondo económico constituido por un aporte “voluntario” de la minera, equivalente al 3% de sus utilidades anuales. El objetivo: impulsar obras y proyectos para los 8 distritos de Espinar.
Si antes el conflicto era por la falta de aporte de la minera, ahora el impasse surge por el uso del dinero. En mayo, unas semanas después de iniciada la cuarentena por el COVID-19, el Comité de Gestión del Convenio Marco, ente que administra los fondos, aprobó por mayoría destinar S/ 50 millones para la entrega de un bono de S/ 1000 a cada elector y así pueda afrontar la crisis. El representante de Antapaccay, Livio Paliza, manifestó la oposición de la minera a la iniciativa, porque “no cumple con la finalidad del convenio”. Asimismo, el gerente general de la minera, Guillermo Freire Montero, envió una carta al presidente del comité de gestión y alcalde de Espinar, Lolo Arenas, en el que ratifica su oposición. Desde la mina sostienen que repartir dinero en efectivo no cumple con los fines del convenio y “resta recursos a proyectos de desarrollo sostenible ya aprobados”.
Las organizaciones sociales y autoridades insisten con el bono. El presidente del Comité de Lucha, Rolando Condori, sostuvo que están en su derecho de disponer ese dinero. Advirtió que estaban listos para protestar si no se procedía con la entrega del dinero. Ayer, en la reunión desarrollada en Espinar, la minera cambió de postura y propuso disponer de S/ 30 millones para ayudar a las personas vulnerables de esta provincia cusqueña. Sin embargo, al cierre de la nota todavía seguía la discusión respecto a la forma en que llegará la ayuda a las familias.
Ayer continuó el diálogo entre las autoridades y dirigentes de Espinar, la empresa minera Antapaccay y el prefecto Regional de Cusco, Julio Hancco Palomio. Las conversaciones se desarrollaron en instalaciones de la Municipalidad Provincial de Espinar.
Las dos partes en conflicto no se ponían de acuerdo sobre la entrega del beneficio y el riesgo de que inicie una protesta en esta provincia cusqueña seguía siendo latente.