La situación menos pensada y calculada puede llevar al descubrimiento de un acto criminal. Eso fue lo que le ocurrió al biólogo Herbert Larry Flores Reátegui (47), jefe de laboratorio de la red de Salud-Puno, por realizar en forma ilegal pruebas rápidas de COVID-19 con test que había robado del Ministerio de Salud, en esa región del altiplano.
A menos de 48 horas de su detención a cargo de agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP, trascendió un revelador audio en el que el especialista es contactado por un ‘cliente’ (policía encubierto) interesado en el test.
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En el audio al que tuvo acceso La República se demuestra como el ‘dotito’ acepta tener dos pruebas y que la próxima semana tendría otras. Luego lo cita en la oficina del COVID-19, en Unión Dignidad.
Luego el especialista le indica “para ti nomas” y el agente especial le dice “cuando puede ir” a someterse la prueba porque le están pidiendo urgente en su trabajo. Más tarde lo cita a la oficina de la COVID-19, en un ambiente del Gobierno Regional de Puno, en Unión Dignidad y se refiere que llevaría el material.
Ya para el final del audio, de dos minutos y 43 segundos de duración, el biólogo a quien llaman el ‘dotito’ da el precio por cada test y le dice que no es necesario que vaya en ayuna.
Por cada prueba serológica que realizaba cobraba 120 soles, según confirmó el mismo policía que se hizo pasar como cliente, infiltrándose con videos y audios ocultos para obtener las evidencias incriminatorias.
Se trata de test que pertenecerían a las que proporcionó el Estado Peruano a la región de Salud Puno.
Flores Reátegui es un biólogo certificado que lidera el equipo de especialistas que trabaja en la Red de Laboratorios de la Red de Salud Puno para el COVID-19.
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Hace unos días destacó que la certificación de competencias, que obtuvo tras pasar por rigurosas evaluaciones en su colegio profesional, con asistencia del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), le permitió demostrar que está actualizado en su campo laboral.
Sin embargo, la policía demostró que no solo cometió el delito de cohecho pasivo, sino contra la administración pública (corrupción) y contra la salud pública.