Entre cinco de la mañana a dos de la tarde, del último viernes se realizó el operativo en el penal de Chiclayo a fin de recuperar el control de la seguridad, que por tres semanas estuvo en manos de un grupo de internos.
Este tiempo fue más que suficiente para que la Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo constate la vulneración de los derechos fundamentales que ampara las personas, conforme lo estipula la Constitución. Además del alto riesgo de contagio de coronavirus.
En esta diligencia participaron dos fiscales que verificaron el hacinamiento en el que viven 4,680 internos en un penal para una capacidad de albergue de 900 personas.
Asimismo se verificó que al menos 50 reos forman parte de la población vulnerable del coronavirus; sin embargo no están aislados del resto de reclusos. Ellos padecen de diabetes, tuberculosis, cáncer, hipertensión. También, hay operados de próstata y otros con el sistema inmunitario comprometido.
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La autoridad fiscal verificó que casi todos los presidiarios no cuentan con mascarillas y menos están a un metro y media de distancia para evitar el contagio de la COVID- 19. “El penal es un caos, no hay condiciones de vivir dignamente”, afirmó una de las autoridades fiscales.
Empero no fue lo único que se observó, debido que algunos agentes penitenciarios golpean a los reos quienes reclamaron al Ministerio Público tomar cartas en el asunto, al asegurar que de manera constante son víctimas de abuso físico.
En el operativo se informó que la mayoría de agentes del Inpe se encuentran en cuarentena por el coronavirus. Aunque, los trabajadores no han acreditado ser positivos o haber superado la infección.
El Ministerio Público recomendó al Inpe aislar o trasladar a los reos con enfermedades preexistentes a fin de evitar el contagio del coranavirus, en razón que existen el riesgo de contagio masivo a causa de las condiciones de hacinamiento.