Piden reconvertir penas para despoblar las cárceles del país

Ante la pasividad del Ministerio de Justicia y mientras crecen las muertes y contagios del COVID-19 al interior de las prisiones, reos y jueces han propuesto alternativas para destugurizar las superpobladas cárceles peruanas, en busca de contener la propagación de la enfermedad y evitar una tragedia.

Los llamados de la CIDH y la ONU para reducir la población penal no son escuchados. El Minjus y el INPE apuestan por contener la enfermedad sin liberar a nadie y acallar las protestas con el uso de la policía y las Fuerzas Armadas.

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda Portocarrero, habló de medidas de seguridad para el personal penitenciario, pero nada para los presos. Al día de hoy, no hay información oficial sobre los presos que han muerto por el COVID-19, ni cuántos se han contagiado.

La semana pasada, el Minjus solicitó permiso al Poder Judicial para utilizar el antiguo penal San Jorge como lugar de atención para los reos contagiados.

Ese local es hoy un terreno baldío y se deberán poner carpas y servicios higiénicos para los reos, custodios y personal sanitario.

A través de la familia de los reos, se conoce de dos muertos en el penal Sarita Colonia, Callao, otro en un penal de Cañete y uno más en Piura. Extraoficialmente, se habla de contagiados en la carceleta judicial de Lima, Sarita Colonia, Lurigancho, Castro Castro, Cañete y Piura.

Plantean soluciones

Un grupo de jueces penales de Lima planteó un proyecto de ley que convierta las penas de hasta ocho años de prisión, por delitos de mínimo peligro,como omisión a la asistencia familiar, conducción de vehículo en estado de ebriedad y otros, en prestación de servicios a la comunidad. Además, variar las prisiones preventivas a comparecencia restringida, para procesados de la población de riesgo para una infección por el coronavirus.

A través de una carta pública, un grupo de reclusos del penal Ancón 2 hicieron sus propias propuestas para descongestionar las cárceles: liberar a reos mayores de 60 años, reos con enfermedades terminales, mujeres gestantes, condenados por omisión a la asistencia familiar, los que hayan cumplido la mitad de la pena y los que les faltan poco tiempo para salir libres.

El Minjus ha pedido a los jueces acelerar los pedidos de semilibertad, prisión condicional y revisar las prisiones preventivas. Además, de revisar las penas menores a cuatro y seis años de prisión efectiva y los condenados por omisión a la asistencia familiar.

Pero, dicha medida gubernamental supone movilizar a jueces, fiscales, abogados y personal auxiliar en busca de los expedientes. Podría demorar y solo favorecería a los que, aún sin emergencia sanitaria, estaban en condiciones de salir en libertad, en los siguientes meses.

El dato

En las 68 cárceles hay más de 96 mil reclusos. La sobrepoblación es de 55.411 internos, el 138% de hacinamiento. Hay 5.893 reos condenados a penas menores de 4 años. 2.199 presos extranjeros y 2.700 reclusos por asistencia familiar.