Coronavirus en Perú: la prueba que faltaba, por Ricardo Uceda
La detección de COVID-19 cojea. Una compra objetada. El caso de la ex ministra Zulema Tomas. ¿Por qué el gobierno no desea un control concurrente para sus proyectos? Una puja pendiente con el Congreso.
La presión en varios frentes de la epidemia de coronavirus ha desnudado problemas importantes en la gestión sanitaria. Requiere solución inmediata la compra de pruebas moleculares para la detección de la enfermedad. El stock actual, cifrado la semana pasada en 7,000 por el Ministro de Salud, Víctor Zamora, en realidad sería mucho menor ahora mismo. En el supuesto de que la compra se haga en el plazo más breve –ayer se confirmó una adquisición parcial–, aún queda el reto de ampliar la capacidad del Instituto Nacional de Salud (INS) para hacer estas pruebas a un número mucho mayor de personas. Actualmente se realizan unas quinientas diarias, y lo que debería ocurrir, de acuerdo con los especialistas, es un procesamiento diez veces mayor.
Para ello no solo debe haber reactivos disponibles luego de una compra tardía. Es necesario instalar más equipos para los exámenes, importándolos o trasladando al INS los de otros centros nacionales. Finalmente, se hace indispensable aumentar la capacidad para realizar pruebas a posibles infectados. Ahora una persona con síntomas llama al 113, después de unos días llega a su casa una camioneta del INS con su personal vestido como astronauta, le practica un hisopado nasal, y así se obtiene una muestra cuyo resultado le será comunicado al interesado en otros dos días. La toma de muestras debería ser mucho más ágil y más amplia para llegar a cinco mil diarias. Ello requiere cambios de organización y logística.
Más capturas
Si el Perú no consigue una mejor detección tendrá una mirada parcial de la epidemia. Las cifra actual, de 950 infectados, es un subresultado. En rueda de prensa, el Presidente Martín Vizcarra no le ha dado mayor importancia al fenómeno, y prefirió orientar la discusión hacia la conducta de la población indisciplinada, a la que responsabilizó del avance de la enfermedad. En los días siguientes veremos más capturas y un proceso de traslado al Ministerio Público de una gran cantidad de casos de diferente importancia que las fiscalías no podrán procesar: hay 33,000 detenidos en solo dos semanas.
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Más razonables son patrullajes con fiscal, que permitan detener a infractores que afrontarán cargos, y no a gente parada frente a la vereda de su casa –el origen de la detención del periodista de Ojo Público Ralph Zapata, en Catacaos–, o a quienes hacen música sin perturbar, como el cantante “Chayán Plus”, sacado a golpes de su casa en Ica.
COVID-19 en la sala
En la conferencia de prensa el ministro de Salud tuvo una intervención equívoca respecto del caso de Zulema Tomas, predecesora suya en el cargo, que perdió por haber promovido el nombramiento de allegados en puestos de confianza en el Estado. Tomas fue convocada por Víctor Zamora para integrar un equipo de ex ministros del sector que apoyarían la gestión contra el coronavirus. A comienzos de la semana pasada presentó síntomas de la enfermedad y el lunes 23 el INS le hizo una prueba. La tarde del 24, cuando estaba por confirmarse que tenía la enfermedad, se presentó a una reunión con la presencia de la alta dirección del MINSA, ministro incluido. Los funcionarios de mayor jerarquía estaban en una mesa central (no más de siete personas), donde ella se sentó, y otros 25 en sillas dispuestas alrededor. Su resultado positivo para COVID 2019 se conoció esa misma tarde.
Zamora confirmó que los directivos del MINSA se hicieron pruebas de detección. No comunicó los resultados. Él mismo habría sostenido una cita de trabajo con la ex ministra. En una situación así, una administración debe informar públicamente lo que ocurre. Es lo que estamos viendo con líderes del mundo que, infortunadamente, resultaron infectados. El derecho que tiene todo paciente a resguardar su identidad si da positivo no lo tiene un ministro de Estado o el miembro de un equipo de alta dirección sanitaria en una emergencia como la actual. En esa medida, si bien era pertinente que Zamora se solidarizara con Zulema Tomas por su enfermedad, no lo era su pretensión de que el caso permaneciera en secreto. Hizo bien el diario Perú 21 en preguntar abiertamente sobre el caso.
Una patinada
En una demostración de que pese a muchas decisiones acertadas que adoptó el gobierno contra la enfermedad, tomó otras equivocadas, la Contraloría publicó el fin de semana un Informe de Orientación hacia el INS. Concluye que no fue recomendable la compra de 1′401,883 “pruebas rápidas” para el diagnóstico del COVID 2019, porque, por su inexactitud, podrían presentar casos falsos negativos. El tema ya había quedado esclarecido desde que lo advirtiera Ernesto Bustamante, ex jefe del INS. La OMS ha establecido que para el combate al coronavirus deben emplearse las pruebas denominadas moleculares, que son precisamente las que faltan.
Hay un momento de tensión entre el gobierno, la Contraloría General de la República y el Congreso. Vizcarra desea que la CGR haga control concurrente –un acompañamiento sostenido de gestión– a los gastos de la emergencia sanitaria, pero no al resto de proyectos. La mayoría de bancadas y la propia CGR plantean que el control concurrente sea más amplio de lo que pretende el gobierno. El jueves pasado Vizcarra habló con miembros de la Mesa Directiva y les dijo que si seguían con su idea objetaría la ley.
Un buen deseo
¿Por qué no desea este control en tiempo real, no obstruccionista, el Poder Ejecutivo? Está demostrado –los Panamericanos, la Reconstrucción– que ahorran dinero y benefician la gestión. Es posible que sea porque la modalidad incluye reportes públicos que los puede leer toda la gente. Lo cual es magnífico para la transparencia tantas veces mencionada. No es un mal deseo que Vizcarra pierda esta puja en el Congreso.
