
En casos muy visibles de feminicidios, desaparición, y otras violencias y tragedias, accidentales o no, se repite una secuencia infame. La prensa evidencia las omisiones, los delitos, el dolor, la injusticia: genera impacto, y entonces los funcionarios públicos, los de más alto perfil, se acercan al asunto. Lo hacen porque sus entidades tienen responsabilidad, y también para ganar unos minutos de pantalla -y la pantalla puede servir para las encuestas o cuando se vuelven candidatos a otro cargo-.
Así, se comprometen a asumir el entierro y nichos, reconstruir las casas, sancionar a los culpables, asesorar legalmente hasta encontrar justicia, declarar emergencia sanitaria, cubrir la atención médica, dar garantías, cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, etcétera.
Sin embargo, no cumplen sus compromisos o cumplen parcialmente si la TV está de testigo.
Algunos exministros y ministros en actividad podrán recordar qué ofrecieron en los casos de Máxima Acuña, Jessica Tejeda, los hijos de Mamerita Mestanza en Cajamarca, las víctimas de Villa El Salvador, las familias de Pasco que viven con plomo en la sangre, los afectados por las inundaciones de SJL. En Villa El Salvador, la familia Espíritu busca la ayuda de huancaínos como ellos, para rehabilitar su vivienda. Como a otros de sus vecinos, el Gobierno dio una solución a medias, por cumplir.
Luego de las fotos del pedido de disculpas y el apretón de manos, pasada la crisis, el Estado vuelve a portarse con su habitual descuido.





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