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Sociedad

La Unamba de Apurímac logra licenciamiento y aún quedan dos públicas en proceso

La Universidad Nacional Micaela Bastidas, con más de 3.800 alumnos, obtiene autorización de la Sunedu. Ya van 89 licenciadas. Faltan la Villarreal y Pedro Ruiz Gallo.

Unamba registra más de 3.500 alumnos.
Unamba registra más de 3.500 alumnos.

La Universidad Nacional Micaela Bastidas (Unamba), de Apurímac, obtuvo su licenciamiento institucional por un periodo de seis años al cumplir con las condiciones básicas de calidad exigidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

De esta forma, ya suman 89 casas de estudio con autorización para funcionar; mientras que otras 41 deberán cerrar en los próximos dos años. Además, quedan 14 en proceso, de las cuales 2 son públicas: Federico Villarreal (Lima) y Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque). En esta última lista no se considera la estatal Ciro Alegría (La Libertad), ya que configura un caso especial.

La Unamba, con cerca de 20 años de creación, cuenta con 3.822 estudiantes distribuidos en los 10 programas académicos vinculados a Ingeniería, Industria y Construcción, las Ciencias Sociales, Educación, Derecho y Agricultura.

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Durante el proceso de licenciamiento, que comenzó en octubre del 2017, esta institución desistió de ofertar la carrera de Ingeniería Civil ofrecida en la filial del distrito de Tambobamba, según detallaron fuentes de la Unamba a La República.

Esta universidad -la segunda pública licenciada de la región- registra 6 locales: 2 ubicados en la ciudad de Abancay y los otros 4 distribuidos en las provincias de Grau (distrito de Vilcabamba) y Cotabambas (en los distritos de Tambobamba y Huaquira) . Estos últimos se mantienen tras acuerdos adoptados durante la evaluación, según las autoridades.

Lo que destaca la Sunedu

Entre los puntos destacados, la Sunedu señala que de los 279 docentes, el 60.3% tiene un régimen completo y a dedicación exclusiva. Además, 9 catedráticos investigadores Renacyt y 25 artículos científicos en Web Of Science (WoS), 57 en Scopus y 22 publicaciones en Scielo.

También señala que la universidad viene ejecutando proyectos de investigación con fondos concursables de Fondecyt y, a través de los recursos provenientes del canon minero, puede financiar sus proyectos de investigación.

Según la Sunedu, la Unamba posee sistemas de información financiera, gestión docente, registro académico y plataforma de aprendizaje virtual. También ha incrementado su nivel de ejecución (del 49.1% en el 2018 al 90.6% en el 2019). A esto se suma que, durante su proceso de licenciamiento, la institución desarrolló diferentes acciones a favor del fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes, así como de la difusión y fomento del idioma quechua desde el enfoque intercultural.

Financiados por el canon minero

Fuentes de la Unamba informaron a La República que, entre las principales dificultades en este proceso, estuvo el presupuesto y la adquisición de equipos. “No nos brindaron presupuesto adicional. Nosotros lo hemos logrado con los recursos del canon, si no hubiera sido casi imposible conseguirlo”, dijeron.

Indicaron, además, que la Sunedu los visitó hasta tres veces el año pasado, y en todos los casos el resultado fue favorable.

El licenciamiento se hizo hoy oficial a través de una resolución publicada en normas legales del diario oficial El Peruano.

Hay que recordar que este mes se cumple el plazo de Sunedu para concluir con el proceso de licenciamiento. Las Universidades Federico Villarreal y Pedro Ruiz Gallo aseguran que solo queda pendiente el resultado final de la Superintendencia.

Rector electo sin paradero

En diciembre pasado, el vicerrector académico de la Unamba Marco Ibarra se convirtió en rector (e) luego de que la autoridad electa, Adolfo Prado, recibiera 18 meses de prisión preventiva por el delito de colusión agravada. Prado se encuentra prófugo, según La Policía.

La Unamba tuvo retrasos para adecuarse a la Ley Universitaria. En el 2016, la Sunedu denunció al presidente de la comisión organizadora, Israel Hernández, por no iniciar el nuevo proceso de elecciones exigida por la nueva norma. El año pasado, el ente fiscalizador, además, detectó a docentes con títulos falsos.

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