Wilder Pari y Kleber Sánchez
Hace diez días, Perú y Bolivia entraron en una guerra comercial de baja intensidad con la restricción de importaciones de productos agrícolas. Ayer, en la ciudad fronteriza de Desaguadero (Perú), pusieron fin al impase que causó preocupación en zonas como Santa Cruz (Bolivia) y Arequipa (Perú), distantes en geografía, pero unidas por el comercio.
El acuerdo señala que se normalizará el intercambio comercial en la frontera con las respectivas inspecciones de los entes fitosanitarios de cada país.
El desencuentro comercial inició el quince de enero con el anuncio del ministro de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, Mauricio Ordóñez, de suspender los permisos de importación de hortalizas peruanas para apoyar a sus productores nacionales.
La respuesta del Gobierno peruano se emitió hace tres días a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que suspendió la importación de soya, chía, maní y carne bovina congelada, provenientes de Bolivia. El argumento era la actualización de los requisitos fitosanitarios.
La restricción generó temor en Bolivia. Productores de Santa Cruz indicaron que el 30% de sus exportaciones de soya van al mercado peruano. En los días de la prohibición, agricultores y camioneros eran entrevistados en los medios bolivianos, donde expresaban su preocupación.
En Arequipa, representantes del gremio empresarial también expresaron su descontento con las restricciones. Indicaron que la torta (residuos) de soya boliviana es el primer insumo para la fabricación de alimentos de aves y ganado. La falta del producto boliviano obligaría a los productores a usar insumos de Argentina o Estados Unidos, pero con un incremento de precio que se trasladaría al consumidor final.
El jefe de Logística de Alprosa, Eduardo Paredes Berrios, expresó que en noviembre ya tuvieron que recurrir a otras fuentes de soya, luego de que se cerrara la frontera con Bolivia por la convulsión social y política que vivía el país altiplánico. En aquel entonces, pagaron hasta 20% más por tonelada de soya.
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El presidente del Comité Agropecuario de la Cámara de Comercio de Arequipa (CCIA), Daniel Lozada, se mostró más aliviado por el acuerdo entre ambos países. Sostuvo que los agricultores del valle de Tambo, Majes, San Camilo y La Joya habrían sido afectados si se prolongaba el veto a las hortalizas, porque el mercado boliviano representa un 5% de las exportaciones de hortalizas, especialmente de papa y cebolla.
Lozada fue crítico con el accionar de ambos Gobiernos. Señaló que Bolivia no debió asumir una medida proteccionista, mientras que Perú debió tener otro tipo de reacción, con un criterio técnico. "Esto ha sido manejado con el hígado”, sentenció.