Una semana después de que se interviniera a 124 personas, en su mayoría venezolanos, en el hotel Rojo de Punta Negra; y luego de que se conociera que del total 80 habían disparado un arma de fuego horas previas al arresto, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció la creación de un equipo especial que se dedicará a investigar los actos delictivos que involucren a ciudadanos extranjeros.
La denominada Brigada Especial contra la Migración Delictiva será parte de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y estará integrada por investigadores de la División de homicidios, robos y secuestros. También por las direcciones de Inteligencia del sector Interior, de la PNP, y la Subunidad de Acciones Tácticas (Suat).
Este anuncio se da cuando la mayoría de extranjeros que radican en el país tienen nacionalidad venezolana (863 mil 752), seguida por la colombiana (21 mil con carné de residencia), la china (8 mil) y la ecuatoriana (7 mil), según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Y en momentos en que las estadísticas de la Policía revelan que de las más de 730 mil denuncias recibidas el año pasado, 12 mil 982 involucran a ciudadanos extranjeros (10 mil venezolanos); es decir, el 1,8% del total. El resto son peruanos.
La creación de esta brigada especial, cuya resolución directoral de creación aún está en proceso, ha recibido el respaldo de representantes de la comunidad migrante, pero también los cuestionamientos de exintegrantes de la Policía Nacional como el Gral.(r) Luis Montoya, quien la califica de “efectista”.
El embajador de Venezuela en el Perú, Carlos Scull; y el presidente de la ONG Unión Venezolana, Óscar Pérez, aseguran que respetan las iniciativas que garanticen una “migración ordenada y segura”, pero también solicitan que estas se apliquen en el marco del debido respeto a los derechos humanos y bajo la presunción de la inocencia. “Apoyamos la iniciativa que ayude a identificar a un grupo minoritario de connacionales que cometen delitos y empañan la imagen de la mayoría de venezolanos que quieren dar un aporte positivo al Perú”, señaló Carlos Scull a La República.
El equipo especial integrado por más de 40 policías será comandado por el coronel Víctor Revoredo, quien lideró el operativo en Punta Negra, donde se detuvo a más de 124 venezolanos, colombianos y peruanos.
Del total, 15 registran delitos graves, entre los cuales hay dos implicados directos en el asesinato de un empresario en el McDonald’s de Risso, en Lince.
“En el caso de los extranjeros involucrados en delitos graves, la Fiscalía va a formular la denuncia penal ante el juzgado. Para el resto de detenidos, cuando el fiscal le dé comparecencia o libertad, ya tendrán un expediente de expulsión (...). Los delincuentes extranjeros, esos venezolanos que han ingresado a delinquir, tienen dos caminos: irse del país o a la cárcel”, dijo el ministro del Interior, Carlos Morán, quien detalló que se atacará, sobre todo, delitos como proxenetismo, sicariato y comercio ilegal de drogas.
En relación con la conformación de brigadas de este tipo, la cual ha sido comparada por el Mininter con la de la Dirando (Dirección Antidrogas) o el mismo Gein (Grupo Especial de Inteligencia), el exdirector de la Policía Luis Montoya la ha calificado como insuficiente y “efectista”. “Toda la Policía debe estar preparada. El problema de inseguridad es nacional, no solo de extranjeros. Cuando ellos llegaron, la delincuencia rebasó las fuerzas del orden. Si es así, ¿qué va a ser una pequeña brigada? ¿Dónde va a actuar? Todas las comisarías y direcciones deberían estar preparadas”, señala.
Para él, en lugar de actuar de manera preventiva, se toman medidas cuando los hechos ya ocurrieron. “El delito no tiene nacionalidad”. Sin embargo, para el ministro Morán la “migración delictiva” sí merece un tratamiento especial.
- Si bien respaldan la medida, representantes de la comunidad venezolana piden que se garantice la no discriminación ni se alimente el estigma. “Estos delincuentes también dañan a los connacionales”, dice el embajador Scull.
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- El sociólogo Enrique Fernandez-Maldonado aclara que la inseguridad ciudadana no surgió con la migración, por lo que no se debe atribuir a esta comunidad estos problemas. “Si se plantea un grupo especial, debe ser preventivo y no persecutorio”, sostiene.
- Además, resalta la necesidad de que tanto el Gobierno como los medios de comunicación difundan con responsabilidad estas medidas, sin promover percepciones xenófobas.
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