Por Lindberg Cruzado
“Los magistrados que protegen a delincuentes se convierten en enemigos de la ley”, expresó indignado un oficial de la Policía que participó en la desarticulación de la red criminal ‘Los Injertos de Huarmey’, la cual era integrada por la fiscal provincial del Santa, Beatriz Gómez Carranza, quien fue intervenida en su domicilio.
La magistrada fue detenida por orden del fiscal César Gonzales Lázaro, a cargo del operativo ejecutado por agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad contra el Crimen Organizado (Diviac), los cuales viajaron desde Lima.
Según se conoció, la fiscal Beatriz Gómez venía siendo investigada por presuntos cobros de cupos a estos delincuentes para no implicarlos en asaltos como los últimos registrados en la provincia de Huarmey, de 80 mil soles a un prestamista o el robo de más de 100 cajas de cerveza del camión de una conocida distribuidora de licor y refrescos.
Las autoridades también arrestaron al cabecilla Pablo Martín Mendoza Chávez (44), conocido como ‘Cheto’.
Esta organización criminal venía cometiendo delitos contra el patrimonio, como extorsión, robo agravado, usurpación agravada, marcaje y reglaje. También son investigados por tenencia ilegal de armas.
Entre los detenidos figuran el chimbotano Juan Ernesto Diego Aguilar, de 50 años, y Aldo Paul Garay Gómez, de 43, así como Freddy Robert Solano Chávez (a) ‘Cucaracha’, Luis Antonio Peña Vásquez (a) ‘Liendre’, y Leyner Flores Ordóñez (a) ‘Cashca’.
También se detuvo a los extorsionadores y usurpadores Richard Danfer Sevillano Solano (a) ‘Gustavo’, Luis Antonio Dupuy Ramos (a) ‘Chiry’, Nemesio Sotelo Osores, Angobaldo Zuloaga Giovanni (a) ‘Pelao’, Lenner Alfredo Quiroz Hueyta y Lisandro Vivanco Asencio Gularte (a) ‘Sandro’.
En Lima fue detenido el licenciado del Ejército Robert José Tello Postillón, conocido como ‘Milico’, quien era el proveedor de las armas de fuego, según los agentes a cargo de las investigaciones.
El fiscal César Gonzales Lázaro había solicitado la detención preliminar de 22 personas y el allanamiento de veintiún inmuebles y dos celdas del establecimiento penitenciario Cambio Puente. También la incautación de seis vehículos, el registro e incautación de teléfonos celulares, especies y otros.
La intervención fue planeada hace seis meses.