La Libertad. El fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Sánchez Carrión, Henry Espinosa Urbina, solicitó convalidar la detención preliminar por siete días para 31 personas, entre hombres y mujeres, que fueron detenidas durante los enfrentamientos en el caserío de Coigobamba (Huamachuco), que dejaron cuatro muertos.
Por ese lapso el representante del Ministerio Público tendrá que recabar las pruebas necesarias para que a los capturados se les pueda investigar por los delitos de organización de banda criminal en agravio del Estado; homicidio en perjuicio del menor de iniciales E.T.S.A. (14), Jorge Jhosimar Vera Paz, Elder Rafael Briceño Castañeda y Brandon Edwin Hinostroza Placencia.
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También serán investigados por el delito de usurpación agravada en perjuicio de Eladio Ruiz Carrión.
Los detenidos son: Pedro Antonio Kaneshima Contreras, Oswaldo Javier Latoche Vergara, Jorge Alfredo Ferradas Peñaherrera, Irvin Alexis Ocas Manya, Carlos Enrique Pérez Briceño, Giancarlo Nomberto Guanilo, Christian Frack Carranza Fernández, Manuel Esteban Zavaleta Castañeda, Eder Nilton Pérez Briceño.
Asimismo, Anthony Steven Meza Aguilar, Cristian Grimaniel Chávez Pérez, Rafael Chavesta Sandoval, Luis Antony Yaniro Sánchez Gutiérrez, Jean Pierre Núñez Céspedes, Elvis Vladimir Solano Sandoval, Mario Anderson Alcántara Segura, Ana Esther Ruiz Milian, Diana Rupay Albitez, Sharon Janira Morales Luera, Katherine Melissa Anticona Quiroz, Alicia Jhiuliana Paredes Roldán, Karina Perpetua Valencia Milian, Yesenia Elizabeth Cruz Luna, Carolayn Irene Gallardo Contreras.
También Solanch Zair Marín Obando, Marianellla Yulissa Pérez Rojas, Michael Brian Florián Quiroz, Néstor López Guizabalo, Dennys José Garcés Curo, Alejandro Nolberto Jara Abanto y el venezolano Yoului José Fernández Guzmán.
Varios de los detenidos acusaron a Alejandro Nolberto Jara Abanto como la persona que los contrató para ir a cuidar el predio de una empresa minera a cambio de 80 soles diarios más viáticos.
Todos fueron recogidos en dos ómnibus, alrededor de las 8:00 a. m. del último sábado, en el óvalo Grau y los trasladaron a Huamachuco.
El consejero Greco Quiroz Díaz, presidente de la Comisión de Ambiente del Consejo Regional, sostuvo que no queda otra alternativa que la intervención de la PNP y el Ejército en el cerro El Toro, donde sigue creciendo la minería ilegal y prácticamente esa zona se ha convertido en “tierra de nadie”.
Esta acción permitirá en sesenta días destruir los socavones, incautar insumos como ácido y limpiar la zona, como se produjo en Madre de Dios.
“No esperemos más muertes, más impunidad y cero responsables. Ya el diálogo se agotó”, acotó el legislador, quien recordó que durante una inspección en la zona se constató la existencia de gran cantidad de forados y socavones. El río está contaminado hasta la saciedad.
Quiroz advirtió que se pueden producir más enfrentamientos en El Toro.
Por su parte el gobernador Manuel Llempén Coronel informó que cursaron hasta dos oficios al Ministerio de Energía y Minas pidiéndole intervenga en El Toro. “No hemos tenido ninguna respuesta. Nosotros estamos trabajando, ya no está en nuestras manos. La Gerencia Regional de Energía y Minas interviene exclusivamente en la pequeña minería. La empresa El Toro es gran minería y está a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Son ellos los que tienen que fiscalizar”, sostuvo.