Sigue contaminación y abusos en cerro El Toro

La comisión investigadora de la problemática de la minería informal en el cerro El Toro (distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión), integrada por consejeros regionales de La Libertad y diversas instituciones públicas involucradas en el tema, abordaron diversos aspectos relacionados a la actividad minera que causa graves problemas de contaminación en perjuicio de las comunidades y tiene a trabajadores laborando en condiciones inseguras, lo que hace unas semanas provocó la muerte de ocho trabajadores.

En la reunión en la Casa de Gobierno, se informó que en el cerro El Toro se encuentran operando tres empresas formales, siete informales en vías de formalización y aproximadamente 200 mineros ilegales.

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Serios problemas

En la cita, la representante de medio ambiente de la municipalidad de Sánchez Carrión reveló que sí hay contaminación, incluso en el aire, por las continuas explosiones en El Toro.

Por su parte la Autoridad Local del Agua (ALA) de esa zona también refirió que hay contaminación en aguas de ríos y quebradas y que eso generará daños a la agricultura. Salud advirtió, por su parte, la incidencia de casos de personas con enfermedades respiratorias y dérmicas (piel). Muchos de los afectados se atienden en médicos particulares y no en las postas, lo que impide tener una evidencia.

Mientras que el Ministerio Público lamentó que las denuncias (de contaminación y obreros laborando en condiciones inseguras) se vienen archivando porque la Gerencia de Energía y Minas de La Libertad no presenta los informes técnicos adecuados.

Por su lado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuestionó la inexistencia de documentos de gestión actualizados, lo cual impide fiscalizar la minería en el cerro y sancionar a los responsables.

Tras la exposición de la situación que acontece en este sector, los integrantes de la comisión tomaron compromisos importantes.

El primero de ellos fue priorizar la aprobación del reglamento de supervisión y sanción ambiental, así como la actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Gerencia Regional de Minas e Hidrocarburos, a efectos de evitar nulidades en los procesos sancionadores que pudiera efectuar el sector.

También expresaron su rechazo por la ampliación de los plazos en el proceso de formalización minera, que viene afectando la actividad fiscalizadora de los organismos competentes, así como la actuación del Ministerio Público en los procesos penales a su cargo.

Acordaron, asimismo, solicitar mediante acuerdo regional la implementación de un laboratorio acreditado en la región La Libertad, que permita efectuar controles y medidas técnicas en los procesos de investigación contra esta actividad ilegal.