Este jueves, un grupo de ciudadanos de Cusco realizaron un plantón en las afueras de la sede del Poder Judicial exigiendo que se resuelva cuanto antes una acción de amparo presentada semanas atrás para que se ordene la demolición del hotel Sheraton, que se encuentra aún en construcción en pleno Centro Histórico de la Ciudad Imperial.
Este hotel, cuya infraestructura quedó trunca, se levantó en la calle Saphy. Los ciudadanos denuncian que, para ser construida, la empresa inmobiliaria R&G SAC demolió antiguos andenes incas de manera ilegal, como quedó demostrado en un informe de Cultura. Además, que estarían incumpliendo su permiso ya que en esa zona solo se pueden hacer edificaciones de dos niveles, pero hasta la fecha se han construido siete.
Presentaron acción de amparo
En defensa de su ciudad, los integrantes de la Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la Defensa Social, presentaron en agosto pasado una acción de amparo. Precisamente esta comisión, acompañados de los integrantes del Instituto Americano de Arquitectura y ciudadanos en general, realizaron el plantón la mañana de este jueves.
Actualmente está pendiente la resolución de esta acción de amparo para que se decida si la construcción debe ser demolida o no.
Tica Luizar, integrante de la Comisión de Juristas señaló que la Corte de Cusco tenía tres días hábiles a partir del 28 de agosto para que se resuelva el pedido, pero hasta ahora no lo hace.
“Lo que esperamos primero es que haya una declaración judicial para que se proceda con la demolición de la construcción y la restitución de los andenes incas. Luego el presupuesto y la forma como se hará es ya otro proceso”, dijo.
Otros ciudadanos que estuvieron en el plantón señalaron también que la empresa debería pagar una indemnización por el daño que le estaría causando al patrimonio cultural de Cusco.
Sancionaron a 12 funcionarios
En marzo de este año, el Ministerio de Cultura emitió una resolución notificando a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC) la suspensión de 12 funcionarios y trabajadores por cometer omisión de funciones y estar involucrados en dar los permisos para la construcción del hotel Sheraton.
Por recomendación de la Contraloría General de la República, se ordenó que los sancionados sean inhabilitados de ejercer cargos públicos. Los castigos van desde los 2 años hasta los 2 años y 8 meses de suspensión en la función pública.