Hace algunos días casi todos los regidores de oposición en el concejo provincial de Trujillo observaron que el alcalde Daniel Marcelo Jacinto y su mayoría apepista pretendía que se apruebe un convenio para ceder una parte de un terreno de la Sociedad de Beneficencia Pública para construir un centro comercial para los vendedores ambulantes desalojados este año de la avenida España.
La minoría cuestionó primero que se haya intentado ceder más del 50% del espacio físico para edificar galerías para los informales, tergiversándose la voluntad del donante. Luego criticó que se busque construir locales a los informales, cuando esta área debería ser para un fin netamente social. La crítica va por favorecer a un privado. Al final, la firma del convenio se postergó hasta nuevo aviso.
El terreno fue cedido por la familia Ganoza a la Beneficencia y se ubica a espaldas de la urbanización Chicago. Se trata del Fundo Santo Tomás. Tiene casi 9,000 metros cuadrados. Ahí se tiene proyectado construir un orfanato en una parte del terreno.
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Ayer La República conoció que durante la gestión pasada en la Beneficencia este terreno ya se había otorgado en cesión a un privado. Para ser más exactos a la empresa Servicio de Administración de Cobranza y Consultoría SAC, a fin de desarrollar un proyecto de centro recreacional, por un período de 20 años, con una contraprestación (alquiler) de S/5,500 mensuales. Incluso hasta se le otorgó a la empresa seis meses de período de gracia para el acondicionamiento del inmueble.
La cesión fue aprobada en la sesión ordinaria de directorio n.º 034-2018 de fecha 12 de diciembre de 2018. Es decir, a pocos días de culminar la gestión del presidente del directorio, Aníbal Espino Menacho.
El documento lleva la rúbrica, además de Aníbal Espino, de los directores José Castro Velásquez, Eduardo Díaz Quiñones y Eduardo Araujo Sánchez. No aparece la firma de Rafael Moya Rondo, hasta hoy gerente regional de Educación de La Libertad.
El presidente del directorio de la Sociedad Pública, Constante Traverso, lamentó que los regidores de oposición no se hayan preocupado por tratar ese tema.
“Nosotros dejamos sin efecto ese acuerdo y hemos tenido que ir personalmente a la notaría para evitar se firme el contrato. Si se firmaba el contrato entrabamos en un tema legal”,