El fiscal Rafael Vela, cabeza de investigaciones clave contra la corrupción y criminalidad, como Lava Jato, que apunta a Keiko Fujimori y otros políticos; financiamiento de campaña de Perú Libre, que complica a la presidenta Dina Boluarte; presuntos lavados de activos del alcalde capitalino, Rafael López Aliaga, el empresario Erasmo Wong y el burgomaestre cajamarquino Joaquín Ramírez, exfinancista de Fuerza Popular; y el caso Sodalicio, entre otras, quedó fuera de juego ocho meses y medio sin sueldo por decisión de una cuestionada autoridad del entorno de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Para marcar el tenor aleccionador, acaso en un gesto que recuerda a las mafias, la suspensión fue comunicada a Vela cuando Benavides, frente a él, daba un discurso hostil a fiscales a quienes sindicaba de desleales, según cuenta el afectado.
“Dijo de todo, dijo que los fiscales habían actuado con traición contra ella, que los fiscales habían actuado de manera desleal contra ella. (...) En ese momento revisé mi correo electrónico y era exactamente el mismo momento que estaba siendo notificado (de la suspensión). No tengo ninguna duda de que existe una sincronización también que para mí es evidente dentro de lo que significa la materialización de este abuso”, relató Vela en Canal N.
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El fiscal quedó suspendido del cargo tras confirmarse la sanción que le había impuesto en primera instancia la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Vela había apelado esa decisión. En segunda instancia, el jefe de esta entidad, Antonio Fernández Jerí, rechazó la pretensión del procesado.
Con Vela fuera, se golpea al equipo especial Lava Jato y las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, que él coordinaba. Se quedan sin la cabeza que supervisaba los avances de casos clave contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, los líderes políticos Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, López Aliaga y hasta la presidenta Boluarte.
Ya desde la primera instancia, Vela había advertido preocupantes hechos. El fiscal que había decidido suspenderlo entonces había empezado a laborar en la Autoridad de Control apenas un día antes, tras haber sido nombrado por Benavides. El argumento, además, era débil: un cuestionamiento a Vela por haber criticado una decisión de una jueza sobre Keiko Fujimori hace ya tres años.
Ante esto, Vela apeló y se reunió con Benavides, quien entonces le expresó su respaldo. Hoy, el fiscal suspendido considera que fue engañado.
“Contaba siempre con un apoyo falso de la fiscal de la Nación. (...) Yo converso con ella y le pregunto si tengo su respaldo, su apoyo, y ella me dice que sí, que salga a defenderme”, acotó.
“El silencio ante el abuso es un silencio cómplice de lo que han venido realizando el señor Fernández Jerí y todos los fiscales que están dentro de su liderazgo. (...) Ha sido un silencio de desprotección a un subordinado que tenía un cargo de confianza con ella. Por tanto, ese respaldo fue falso”, adujo Vela.
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El fiscal suspendido sostuvo que Benavides y Fernández Jerí son instrumento de algunos de los investigados que quieren retirarlo para lograr impunidad.
“Considero que los órganos que han ejecutado esta sanción disciplinaria abusiva injusta son los instrumentos de múltiples personajes que pueden estar dentro de este tramado”, alegó.
Advirtió que buscan retirarlo de los casos para “afectar el desarrollo de las investigaciones” y “posiblemente la autonomía de los fiscales” con mecanismos de presión para establecer “una directiva jerárquica como una disciplina castrense”.
Responsable. Benavides dijo respaldar a Vela, pero este ahora considera que lo engañó. Foto: difusión
Contó, además, que Benavides adelantó su participación en el evento en que dio su discurso, y luego hizo firmar a los fiscales presentes un documento de respaldo hacia ella al que equiparó con el acta de sujeción que en los 90 el entonces poderoso asesor gubernamental Vladimiro Montesinos hizo suscribir a los mandos militares.
“Estamos volviendo a los 90. No solo se trata de la toma de las instituciones que deben ser autónomas, sino estamos en campañas mediáticas que evocan a la prensa chicha”, describió Vela.
Fernández Jerí, jefe de la Autoridad de Control, señalado por Vela como operador de un golpe arbitrario, fue nombrado en el cargo pese a graves cuestionamientos, como una denuncia de intermediar por el ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales para interferir en el caso del asesinato del vicepresidente del Gobierno de Amazonas, por 80.000 soles, y haber sido abogado de un juez de esa región investigado por un caso similar a “Cuellos Blancos”.
Vela reiteró que Benavides “facilita la puerta de ingreso” para los abusos al nombrar a fiscales que actúan contra él.
“Ya ella ha dejado de ser autónoma para actuar conforme a sus intereses y a su supervivencia”, comentó el fiscal.
Anunció acciones legales para revertir la suspensión.
“Tengo una pretensión dentro de la justicia constitucional y espero que se me restituya”, adujo.
El excongresista Gino Costa sostuvo que la sanción al fiscal Rafael Vela es “gravísimo por lo arbitrario y desproporcionado de la medida, que no tiene otro propósito que dejar a Vela fuera del Ministerio Público”.
Sostuvo que se está descabezando el equipo especial Lava Jato cuando las investigaciones están entrando a una fase decisiva, que son los juicios orales. Indicó que quieren que Vela no esté para debilitar la postura de la Fiscalía y beneficiar a los investigados.
“Espero que esto se corrija y en su momento los responsables paguen ante la justicia las consecuencias de este hecho que parece tiene dimensiones criminales”, sostuvo Costa.
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Carlos Basombrío, exministro del Interior
“Muy grave decapitar el equipo especial Lava Jato sacando a su jefe Rafael Vela por declaraciones de hace tres años, justo cuando están en curso juicios contra Ollanta, Toledo y Keiko. Y más: quieren sacar a Marita Barreto”.
César Muñoz, human Rights Watch
“La suspensión arbitraria del fiscal Rafael Vela es un golpe muy duro contra el combate a la corrupción al más alto nivel. Beneficia a malversadores y a mafias infiltradas en el poder político. Socava el Estado de derecho”.