Fiscalía interviene cuartel EP en Trujillo por contrataciones por S/4.4 millones
A dedo. Generales Wilfredo Gallegos, César Claudet y Henry Acosta adjudicaron directamente el servicio de transporte de tropas para dar seguridad a las elecciones regionales y locales a una empresa que recién había sido registrada, lo que contraviene la norma.
Por la contratación directa de una empresa que recién se había fundado y que carecía de experiencia en el rubro de transporte, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios y la Contraloría General de la República fueron parte de una operación policial de incautación de documentos en el cuartel de la 32° Brigada de Infantería con sede en Trujillo.
El caso, que está a cargo del fiscal anticorrupción de La Libertad, Roberto Lecaro Alvarado, está relacionado con tres contrataciones por S/4.4 millones a favor de la compañía Corporación CAGE, de propiedad de Jaimito Mego Díaz.
Con motivo de las elecciones regionales y locales de octubre de 2022, los comandantes generales de la 3° Brigada de Fuerzas Especiales (Tarapoto), general Wilfredo Gallegos Rengifo; de la 32° Brigada de Infantería (Trujillo), general César Claudet Morote; y de la 7° Brigada de Infantería (Chiclayo), general Henry Acosta Bernuy; adjudicaron el servicio de transporte de tropas para resguardar los centros de votación a la empresa de Jaimito Mego Díaz.
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El general Wilfredo Gallegos firmó el acuerdo por S/1 millón 687.000 el 22 de septiembre; el general César Claudet por S/2 millones 163.000 el 26 de septiembre; y el general Henry Acosta por S/ 558.600 el 28 de septiembre.
Lo sorprendente es que a ninguno de los generales les llamó la atención que la empresa de Jaimito Mego Díaz recién fue registrada el 27 de agosto de 2022. Esto es pocas semanas antes que los tres generales firmaran contrato con Corporación CAGE.
Increíblemente, Jaimito Mego Díaz consignó un capital de solo S/1.000 al momento de registrar Corporación CAGE. Y en menos de un mes, ya estaba firmando contratos con el Ejército por S/4.4 millones.
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El hilo conductor
Los agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dicocor) de la Policía Nacional que intervinieron las instalaciones militares tenían la orden de retirar toda la documentación, dispositivos electrónicos y computadoras que contuvieran información sobre las adjudicaciones del servicio de alquiler de vehículos para transportar a los efectivos militares durante el proceso electoral del 2 de octubre de 2022.
Según la tesis de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, las contrataciones fueron presuntamente orientadas por los altos jefes militares a favor de la empresa Corporación CAGE, de Jaimito Mego Díaz.
La Fiscalía también ha recogido indicios de que Jaimito Mego contrató a una tercera compañía para cumplir con los contratos, porque Corporación CAGE no contaba con el parque de automotores que necesitaba el Ejército para cumplir con la distribución del personal militar en los centros de votación.
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La investigación fiscal se originó como consecuencia del allanamiento de la sede de 7° Brigada de Infantería, con sede en Chiclayo, a cargo del general EP Henry Acosta Bernuy. Como se ha indicado, Acosta suscribió contrato con la empresa de Jaimito Mego Díaz por S/558.600, el 28 de septiembre de 2022.
La Fiscalía detectó que por las mismas fechas la 32° Brigada de Infantería la 3° Brigada de Fuerzas Especiales también adjudicaron contratos similares a Jaimito Mego Díaz.
Esto llamó a sospecha de la Fiscalía, porque Corporación CAGE era imposible que atendiera tres contratos simultáneamente, ya que no contaba con los vehículos necesarios para atender el requerimiento de las tres grandes unidades del Ejército.
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En un inicio, el caso estuvo a cargo el fiscal anticorrupción de Chiclayo, Óscar Guevara Gilarmas. Pero este se concentró en el caso del transporte de combustible para el mismo proceso electoral del 2 de octubre de 2022.
Según la versión que han dado los militares, contrataron a Corporación CAGE porque era la única compañía que estaba disponible para rentar sus vehículos. Pero lo cierto es que Jaimito Mego Díaz ya tenía vinculaciones comerciales anteriores con los generales involucrados.
Es el segundo caso del general Acosta
El lunes 23 de agosto, el ex comandante general de la 7° Brigada de Infantería (Chiclayo), el general de brigada Henry Acosta Bernuy fue detenido por una semana por su implicación en la presunta contratación manipulada de transporte de combustible del Ejército.
El general Henry Acosta, quien ahora se desempeña como jefe de Estado Mayor de la I División del Ejército (Piura), se encuentra con comparecencia restringida.
Adjudicaciones bajo sospecha
Los contratos firmados por los generales César Claudet, Henry Acosta y Wilfredo Gallegos con el empresario Jaimito Mego Díaz para el alquiler de vehículos.
