El fiscal provincial de Santa Rosa, en Ventanilla, Abelardo Caycho Ramis, ha denunciado un hecho inédito y peligroso para una efectiva lucha contra la corrupción y el crimen organizado: dos fiscales del equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto lo buscaron y lo presionaron para que archive una investigación.
Más allá de los personajes involucrados en esta historia, este hecho muestra el descontrol con el que se maneja el Ministerio Público en la actualidad: ¿un fiscal debe cometer un crimen para sancionar otro crimen?
En una reciente sentencia casatoria, la Sala Penal de la Corte Suprema ha advertido de un uso “soberbio del ejercicio persecutor de la Fiscalía” y de “sobresaltos incontinentes” que generan, por parte de los fiscales, faltas a la ética, la cortesía procesal y el debido proceso.
En un oficio fechado el 24 de marzo último, el fiscal Caycho Ramis relata que el 16 de marzo, los fiscales Andy Rodríguez Dominguez y Max Castro Huamán, del primer despacho de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, le solicitaron una reunión virtual vía Google Meet para tratar un tema relacionado con la carpeta fiscal n.° 60-2020: una investigación por denuncia calumniosa y encubrimiento personal contra el colaborador eficaz y expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo.
Caycho, dice, aceptó la reunión al considerar que se trataba de un asunto de coordinación institucional habitual entre las diferentes fiscalías a fin de ampliar la información de un presunto hecho ilícito. Además, recién 6 días antes, el 6 de marzo, la Fiscalía de la Nación lo nombró fiscal provincial de Lima Noroeste, a cargo de la Fiscalía de Santa Rosa, en Ventanilla.
Los Cuellos Blancos fueron descubiertos en el 2018 luego de haber sido interceptados vía telefónica. Foto: composición La República.
Pero, para su sorpresa, no se trataba de una coordinación habitual, sino que los fiscales especiales le pedían que en el menor plazo posible archive la investigación contra Walter Ríos y que descarte los delitos que se le atribuían.
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Además, le dijeron que anteriormente ya habían tenido una reunión similar con su antecesora en ese despacho, la fiscal provincial Melissa Chinchayan Sato. Rodríguez Domínguez y Castro Huamán le refirieron que Chinchayan ya había aceptado resolver a favor de Ríos.
De acuerdo con fuentes fiscales consultadas por La República, efectivamente Chinchayan Soto había recibido la misma ‘visita’ de los fiscales especiales. Ante esa situación, ella habría decidido alejarse de la Fiscalía. El 3 de marzo se dio por concluidas sus funciones en la Fiscalía de Ventanilla.
Andy Rodríguez Dominguez. Foto: difusión
Los fiscales especializados le pidieron a Caycho Ramis que les precise una fecha tentativa de culminación de la investigación y de emisión del dictamen respectivo, en el menor plazo posible.
Ante el requerimiento de sus colegas, el fiscal de Santa Rosa les respondió que él recién había asumido funciones el 10 de marzo, por lo que consideraba “estrictamente necesario realizar un estudio exhaustivo del contenido de la carpeta fiscal para poder emitir un pronunciamiento adecuado y debidamente motivado”.
En el caso del proceso a Walter Ríos, les informó que ya se habían programado diversas declaraciones y visualizaciones de documentos y videos que debían seguir su curso.
Caycho dio por concluida la reunión y levantó un acta del incidente que comunicó a sus superiores en salvaguarda de su independencia.
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Max Castro Huamán. Foto: Reniec
El exjuez Walter Ríos cumple una condena de 12 años de prisión luego de acogerse a la colaboración eficaz y delatar a 90 personas, entre jueces, fiscales y abogados, en 40 presuntos actos de corrupción.
A partir de su colaboración, algunas personas afectadas por lo que ha declarado han creído por conveniente denunciarlo por calumnias. Es decir, el proceso que se sigue a Ríos en la Fiscalía de Santa Rosa no es el único que tiene, además del caso Los Cuellos Blancos.
Debería aclararse si los fiscales del equipo especial también visitan y se reúnen con otros fiscales, que al igual que el de Santa Rosa, ven el caso contra Walter Ríos.
La ley prohíbe que un fiscal interfiera en otra investigación, aun cuando lo que allí se decida perjudique su caso. Para evitar decisiones contradictorias hay mecanismos legales.