Respuesta contundente. El fiscal superior coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, anunció que se encuentran elaborando el informe que remitirán al Ministerio Público Federal de Brasil, en respuesta a las observaciones planteadas por la constructora Odebrecht, hoy Novonor.
Además, exigirán a los exdirectivos de la constructora que cumplan con el acuerdo de colaboración eficaz y que se presenten a las audiencias del juicio público del caso contra el expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista, tal como estaban previstas.
La Fiscalía considera y está segura de poder acreditar ante sus pares de Brasil que no se han incumplido los términos del acuerdo de colaboración eficaz y que hay hechos ajenos a la actuación de las autoridades jurisdiccionales.
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“Se trata de insatisfacciones antiguas, sobre algunos aspectos procesales que se han desarrollado desde hace tiempo, como la incorporación como terceros civilmente de la empresa Rutas de Lima. También están objetando mi presencia como testigo en los arbitrajes relacionados con la concesión de Rutas de Lima y del gasoducto”, explicó.
El documento de la Fiscalía brasileña llegó oficialmente este miércoles a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación. “El documento ha sido derivado al equipo especial de fiscales del caso Lava Jato para que formulen los esclarecimientos correspondientes a las observaciones que motivaron dicha suspensión y sean remitidos oficialmente a Brasil”, informó la Fiscalía de la Nación.
La defensa de Odebrecht plantea que, en unos de sus puntos, el acuerdo de colaboración que suscribió, en febrero del 2019, está referido a temas de la jurisdicción penal, no de procedimientos administrativos.
En este aspecto, cuestiona que el fiscal Vela Barba participe como testigo en los arbitrajes y se haya entregado diversa información sobre actos de corrupción vinculados a Odebrecht.
En mayo del 2020, la Municipalidad de Lima perdió el arbitraje con el consorcio Rutas de Lima, que se realizó ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), pero desde entonces rechaza el laudo señalando que la obra nació con un acuerdo corrupto.
El 4 de noviembre del 2020, Odebrecht planteó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la paralización de la construcción del Gasoducto Sur. El proceso está en trámite, pero el Perú se defiende diciendo que ese proyecto también es hijo de un acuerdo corrupto.
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Por Rutas de Lima, el Perú debe pagar 67 millones de dólares más intereses y por Gasoducto, Odebrecht reclama 1.200 millones de dólares.
La defensa de la empresa brasileña también reclama que se mantengan abiertos procesos en los que no ha reconocido actos de corrupción, lo que también, dice, sobrepasa el acuerdo de colaboración que suscribió con el equipo especial y la Procuraduría peruana.
La Fiscalía tiene abierta una investigación sobre una posible concertación ilegal entre Odebrecht, como parte del Consorcio Rutas de Lima, y funcionarios y servidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en relación con el codinome Budian. El acuerdo ilícito supone el ofrecimiento y entrega de pagos ilícitos a fin de asegurar la aprobación de la concesión y adenda de bancabilidad del proyecto.
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También se mantiene abierta la investigación sobre el Gasoducto Sur, en la que los funcionarios de Odebrecht no han reconocido haber realizado acuerdos o pagos con funcionarios públicos peruanos.
La Fiscalía confía en levantar las observaciones pronto y restablecer la cooperación judicial internacional a la brevedad para no afectar los juicios.
Renacimiento. Novonor busca recuperar el sitial que tenía Odebrecht como la principal empresa constructora de Latinoamérica. Diseño: La República
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia reprogramó para el miércoles 16 de noviembre la audiencia de casación que definirá si los aportes de Odebrecht al expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista Peruano constituyen delito de lavado de activos.
La audiencia se postergó por un contagio de COVID-19 que presentó desde la semana pasada el juez supremo Manuel Luján Túpez. En la audiencia participarán la Fiscalía, el procurador y los abogados.