El último domingo, Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, señaló que se investigará a las personas que critiquen o difundan una información falsa desde un perfil anónimo contra la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.
“Hay una campaña tremenda en las redes sociales (hecha) por personas que no se manifiestan con su identidad real. Que estas personas no se identifiquen con su identidad real para decir una serie de hechos no contrastados, no corroborados, ¿qué quiere decir? No hay que olvidar que tenemos investigados con cargos con alto valor en el Poder Ejecutivo. Nosotros consideramos que eso es parte de la organización y estamos identificando a los IP”, declaró a “Punto Final”.
El comentario de la fiscal superior ha desatado críticas por su imparcialidad, pues Benavides Vargas ha venido siendo cuestionada respecto a los cambios realizados al interior de la Fiscalía. El más sonado y polémico fue el retiro de Bersabeth Revilla, fiscal que investigaba a Emma Benavides —hermana de Patricia Benavides— por presuntos cobros de sobornos a reos por narcotráfico.
PUEDES VER: Marita Barreto: Se investigará IP de personas sin “identidad real” que critican a la fiscal de la Nación
El abogado especialista en derecho digital Erick Iriarte sostuvo que la libertad de expresión es un derecho humano y que no hay un control previo. No obstante, si lo que uno expresa afecta a otra persona, existe una responsabilidad.
En ese sentido, explicó que, si se quiere denunciar a estas personas que utilizan un supuesto perfil falso para criticar a Patricia Benavides, se tiene que demostrar ello.
“Ahí hay una presunción de que son falsas y se tiene que demostrar. El uso de pseudónimos está permitido en el código civil y no es sinónimo de infringir la norma. (...) La misma Fiscalía tiene anonimato para sus personas en el proceso de investigaciones. No es que usar un seudónimo sea una ilícito, sino que si se utiliza para cometer un hecho indebido, el ilícito sería el acto cometido”, dijo a La República.
PUEDES VER: Acción Popular presenta proyecto de ley para que congresistas no puedan ejercer como ministros
Por su parte, Liliana Calderón, abogada penalista, señaló que si la fiscal de la Nación se siente agraviada en su honor, tiene que presentar una querella ante el Poder Judicial contra las personas que logre identificar. Además, manifestó que el Ministerio Público “no puede iniciar investigaciones de oficio”.
Un comentario similar lo realiza la letrada Romy Chang, quien señala que el comentario de Barreto no está atentando contra la libertad de expresión.
“Eso no es un delito. ¿Cuándo es un delito de coacción? Cuando le estoy obligando a hacer algo a cambio de una amenaza que es ir a una denuncia penal. En el caso de ella, no se ha dirigido a una persona específica”, dijo a este medio.
PUEDES VER: Sobre Lady Camones: 5 bancadas sostienen que “estaría actuando parcialmente y alejada del Reglamento”
Finalmente, el penalista Mario Amoretti indicó que las declaraciones de la fiscal Marita Barreto son una solicitud para que se “respete la independencia del Ministerio Público que está establecida en la Constitución”.