Dan libertad condicional a exmarino acusado de violar DDHH
En España. Augusto Gabilondo era buscado por desaparición de 60 personas en Huanta, en 1984, entre ellos el periodista Jaime Ayala.
Tras siete meses de estar prófugo, el oficial de la Marina en retiro Augusto Gabilondo García del Barco, condenado por violaciones a derechos humanos, fue ubicado en Málaga, España, donde un juez le dio libertad condicional, mientras se decide su extradición.
En diciembre fue sentenciado a 15 años de prisión por la desaparición forzada de Benito Baldeón Ninaquispe, un trabajador de la Oficina de Reclutamiento del Ejército en Huanta, detenido por efectivos de marina en agosto de 1984. En ese entonces, Gabilondo era jefe de la Base Contrasubversiva de Huanta y por ello tenía el control de la tropa y las operaciones que se ordenaban desde Huamanga o por el jefe de la Huanta y La Mar, Álvaro Artaza Adrianzén, conocido como “comandante Camión”.
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Actualmente, Gabilondo es procesado como reo ausente por la desaparición forzada del corresponsal de La República, Jaime Ayala Sulca, y alrededor de otras 60 personas, entre julio y agosto de 1984. Por ambos casos, la Interpol recibió la orden judicial de buscarlo y entregarlo a las autoridades peruanas.
Exmarino Augusto Gabilondo. Foto: difusión
La prensa española informó que el oficial en retiro fue detenido el viernes en la ciudad malagueña de Fuengirola, en una zona conocida por ser refugio de fugitivos. La policía lo intervino debido a la orden de captura internacional en su contra. El diario El País señala que Gabilondo fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5, pero rechazó ser entregado en extradición simplificada, como prevé un acuerdo suscrito entre Perú y España.
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Ante ello, el magistrado Santiago Pedraz fijó libertad provisional sin fianza, le retiró su pasaporte, prohibiéndole salir del país y ordenando acudir cada 15 días al juzgado más cercano de su residencia. El juez argumentó su decisión en “circunstancias personales, familiares y laborales concurrentes” y ante “las circunstancias y relativa gravedad de la conducta por la que es reclamado”. Toca a la justicia peruana iniciar las acciones debidas para pedir su extradición.
