Desaparición forzada: dictarán fallo contra alto mando militar de Ayacucho en 1984

Carmen Rosa López espera alcanzar justicia tras casi 40 años en que efectivos de la Marina, acantonados en el destacamento instalado en la provincia ayacuchana de Huanta, se llevaron a su esposo Benito Baldeón Ninahuanca, la madrugada del 2 de agosto de 1984. Hasta ahora sigue desaparecido.

Mañana, lunes 20 de diciembre a las 3 de la tarde, la Cuarta Sala Penal dictará sentencia en el juicio por autoría mediata contra el exjefe de la base contrasubversiva de Huanta, Augusto Gabilondo García del Barco; el entonces coronel Juan Briones Dávila, que ese día estaba a cargo de Los Cabitos; y el representante de la Marina en el Estado Mayor de Ayacucho, capitán de fragata Gustavo Cárdenas Brou.

Baldeón era trabajador civil de la Oficina de Reclutamiento del Ejército y fue detenido dos veces. La primera ocasión lo sacaron de su casa el 27 de julio de 1984, donde estaba tomando cerveza con unos conocidos suyos, dos de ellos miembros de la Guardia Republicana. En la madrugada, ingresaron los efectivos militares.

“Escuché la bulla de los marinos y cuando quise preguntar qué pasaba, me golpearon con el fusil y me encerraron en mi cuarto. Cuando pude salir, ya no había nadie. En la base, negaron que estuviera allí. En la oficina de los republicanos, encontré a uno de los que detuvieron en mi casa, todo golpeado. ‘Ya van a soltar a Baldeoncito’, me dijo”, cuenta Carmen, que ahora tiene 65 años.

Efectivamente, horas después volvió. “Lo habían maltratado bastante, todo golpeado estaba, tenía las huellas de las botas en la espalda y el pecho. Tenía problemas para respirar”, recuerda.

Baldeón presentó una queja ante su jefe en Huamanga, el entonces mayor del Ejército Oswaldo Castillo Uribe, quien tenía el cargo de supervisor departamental de la Oficina de Reclutamiento de Ayacucho. Eso motivó que los marinos regresen a buscarlo por venganza.

“La madrugada del 2 de agosto nuevamente vinieron. Rompieron la puerta, entraron y le increparon con palabras groseras por haberlos denunciado. ‘Ahora sí te vas a quejar más’, le dijeron. Lo vendaron, amarraron sus brazos y se lo llevaron. No pude hacer nada”, relata entre sollozos. Sus hijos, que entonces tenían 4 y 11 años, presenciaron la intervención. El mayor de ellos contó los detalles en el juicio oral.

En la mañana, la señora Carmen fue al destacamento militar, que quedaba en el estadio de Huanta. Al regresar, se encontró con el periodista de La República, Jaime Ayala, quien precisamente se dirigía a la instalación militar porque la noche anterior una patrulla había ingresado a la casa de sus padres. “Me dijo que también iba a hablar por mi esposo. Entró, pero, luego me enteré que nunca más salió”, acota.

Angustiada fue a Ayacucho a denunciar lo sucedido y el jefe de su esposo consultó sobre Baldeón y le confirmaron que estaba en la base de la Marina. Así lo declaró también Castillo en la audiencia judicial. Sin embargo, al día siguiente, cuando ella regresó para insistir, le dijo que ya lo habían liberado, pero nunca más se supo de él.

“El mayor me contó que le echaron la culpa de que estuvo dando libretas militares a los terroristas. Pero eso era mentira. Y si hubiera sido cierto, lo hubieran investigado y no desaparecido”, insiste doña Carmen.

El caso se vio en el fuero militar, pero fue sobreseído. Años después, se inició el juicio en el fuero común cuya sentencia se conocerá mañana.

Pruebas testimoniales

La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, representante de la familia, remarca que el testimonio de la señora Carmen ha sido confirmado por el mayor Castillo durante el juicio oral.

“Declaró que ella fue a Los Cabitos a denunciar el secuestro de su esposo. Contó que le informó al general Briones (que estaba sustituyendo al jefe político militar, general Adrián Huamán Centeno) y al representante de la Marina, Cárdenas Brou, y que llamaron a la base de Huanta, donde les confirman que estaba allí bajo el argumento de que habría sido involucrado en el robo de libretas militares”, explica.

Incluso, mediante un informe Castillo avisó oficialmente al Ejército sobre la desaparición de Baldeón. Debido a ello se abrió el proceso en el fuero militar, en el que Cárdenas Brou admitió que había tomado conocimiento de lo ocurrido y que se limitó a transmitir lo que le informaron. En el fuero común, trató de desmentirlo y afirmó que ese día no estuvo allí. Sin embargo, sus declaraciones previas lo delatan.

Asimismo, en la instancia castrense, Castillo señaló que le constaba que Briones le indicó al representante de la Marina que “tengan cuidado en Huanta de no maltratar al empleado civil en referencia y que lo remitieran al agrupamiento, hecho que no se cumplió”.

Mientras en el proceso común, Briones aseveró que él no recuerda nada del caso. Gabilondo argumentó que en la base de Huanta había tres destacamentos independientes, y que a pesar de que era jefe de esa instalación militar, no podía intervenir en sus acciones. Añadió que cuando ocurrieron las detenciones, él no estaba allí sino entre Lima y Huamanga recuperándose de unas heridas, pero no presentó ninguna documentación clínica al respecto.

La detención de Baldeón se produjo cuando el jefe de la zona era el comandante Álvaro Artaza Adrianzén, conocido como ‘Camión’, quien -de acuerdo a investigaciones de organizaciones de derechos humanos, así como por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)- habría ordenado a su personal secuestrar, desaparecer y ejecutar a centenares de ciudadanos entre julio y agosto de 1984.