Amnistía Internacional concluye que hubo ejecuciones extrajudiciales en Perú
Según informe final. De los 52 casos analizados, 25 llegaron a ese nivel de violencia. El discurso sesgado del Gobierno, la estigmatización y el racismo contribuyeron a que la violencia crezca, sobre todo contra ciudadanos indígenas.
El informe final de Amnistía Internacional (AI), titulado ‘Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú’, fue presentado ayer y concluye que en el periodo de Dina Boluarte “las autoridades peruanas habrían llevado a cabo ataques generalizados en contra de personas que se manifestaban y con un marcado sesgo racista”.
Esta narrativa contribuyó a que las fuerzas de seguridad violen derechos humanos en regiones que protestaron contra el régimen de Boluarte. Precisamente, Amnistía Internacional acota que los ataques contra los manifestantes “consistieron, principalmente, en ejecuciones extrajudiciales y muertes arbitrarias a través del uso generalizado de munición letal”.
El informe también revela que las autoridades con facultades para tomar decisiones en el manejo de este conflicto social “no hicieron lo necesario y toleraron que la cifra de personas fallecidas ascendiera a 48 personas en apenas 2 meses”. “Lejos de tratarse de hechos aislados o de funcionarios actuand o por su cuenta, el análisis apuntaría a una política estatal coordinada y consciente”, sostiene.
represión. Hubo uso desmedido de la fuerza, principalmente, contra ciudadanos indígenas. Foto: difusión
La investigación analizó 52 casos de personas fallecidas en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. De este número, la evidencia presentada por Amnistía apunta a que hubo 25 muertos producto de ejecuciones extrajudiciales y 5 víctimas del uso excesivo e injustificado de la fuerza por parte de las instituciones armadas.
Las fuerzas de seguridad, de acuerdo a este informe, además de usar de forma excesiva la violencia, habrían ocultado las armas que utilizaron en el marco de las pesquisas.
Horas antes de la presentación de este documento, en entrevista con La República, se le consultó a la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, si esta respuesta violenta de las Fuerzas Armadas contra las protestas fue parte de una política de Gobierno y respondió: “La responsabilidad del Estado está involucrada en esto debido a la represión masiva y sistémica en contra de los manifestantes. Y eso puede ser señal de 2 cosas: en primer lugar, o los líderes militares recibieron la orden de matar o no evitaron estas muertes. En ambos casos existe responsabilidad por parte del Gobierno”, enfatizó.
La representante de AI también recalca que en la indagación no se ha encontrado “ninguna evidencia de que el Gobierno haya denunciado la violencia o que haya intentado humanizar a los manifestantes”. “Por el contrario, han estigmatizado a los manifestantes utilizando términos como terroristas o tratando de relacionarlos con grupos armados”, se explica.
“En nuestra opinión eso crea la posibilidad de aumentar la violencia”, precisó.
Comprometidos. La narrativa del Gobierno fue sesgada. Foto: difusión
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Un hecho que llama la atención es que, según AI, las regiones donde viven ciudadanos, en su mayoría, indígenas, hubo el 80% de muertes.
Callamard dice que existió sesgo racial y estigmatización cuando se tildó a los protestantes de terroristas. Esto, agregó, contribuyó a que la respuesta de las fuerzas de seguridad sea más violenta. “Por eso, los representantes de un Gobierno deberían saber mejor y no deberían llamar a alguien terrorista”, puntualizó la secretaria general.
Exhortan a condenar la violencia
Algunas de las recomendaciones de Amnistía Internacional son que el Gobierno condene públicamente la utilización de la fuerza letal e implemente medidas que impidan su uso ante las protestas; que la Fiscalía investigue de manera pronta, imparcial, independiente y exhaustiva los casos de ejecuciones extrajudiciales; que el Congreso derogue la Ley 31012 (Ley de protección policial); que la Policía se abstenga de realizar actos que violen las normas internacionales; y que el Ejército coopere con las investigaciones en curso por la Fiscalía de la Nación.
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Con la fiscal
Le pide objetividad. La secretaria general de Amnistía Internacional y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sostuvieron una reunión el último miércoles. En ese encuentro, Callamard le demandó que las investigaciones de estos casos sean independientes.