Dura represión a protestas en primeros 100 días del Gobierno de Dina Boluarte

Hoy, la presidenta Dina Boluarte cumple cien días desde su llegada al poder. El 7 de diciembre asumió luego de que la intentona golpista de Pedro Castillo fracasara a las dos horas. La entonces vicepresidenta lo reemplazó en cumplimiento de la Constitución.

Al inicio dijo que se quedaría hasta el 2026. Luego, con las protestas encima, se desdijo y se mostró a favor de un adelanto electoral. Si bien es cierto que el Congreso ha saboteado la reforma, ella podría obligar a que se celebren comicios si renunciara, aunque ha negado esa posibilidad. En cambio, la represión desmedida y la suma de muertos revela sus intenciones de alargar todo lo que pueda su estancia en Palacio.

En este punto, ¿qué puede ofrecer la gestión de Boluarte hasta el momento? A decir de los expertos consultados por este diario, hay muy poco de bueno que se pueda mencionar.

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El consultor Jeffrey Radzinsky indicó que la presidenta  –“que ya era débil y se ha debilitado más”– lidera un gobierno “marcado por la inconsecuencia entre discursos y acciones”. En ese sentido, no solamente  recordó el cambio de discurso sobre su permanencia al frente del Ejecutivo. “Se ha mostrado inestabilidad en la conformación del equipo de gobierno, no al nivel de Pedro Castillo, pero el primer jefe de gabinete duró dos semanas. Y ha habido tres ministros del Interior y se ha nombrado a dos jefes de inteligencia”, indicó Radzinsky.

Para el entrevistado, la gestión de Boluarte se encuentra marcada por la crisis y la conflictividad. Así, no se ve una agenda de temas. Más bien, esta ha sido absorbida por las protestas y ahora por la emergencia climatológica. A lo que hay que añadir, dijo, “el repudio” contra la mandataria que no viene de ahora sino desde que reemplazó al detenido Castillo. De hecho, es más impopular que él.

Algo que no debe dejar de tomarse en cuenta, agregó Radzinsky, es la marcha de la economía que presenta dificultades y será un factor de presión adicional. “En resumen, se trata de un balance negativo. Hay un mejor equipo ministerial, pero eso no lo convierte en un gobierno eficiente. Lo que sucede es que la valla que dejó Castillo era muy baja”, manifestó.

Con matices, la posición de la politóloga Paula Távara es similar. Desde su perspectiva, estos primeros cien días  han estado“marcados por un conflicto social que al que el Gobierno no ha sabido ni querido encontrar solución”.

Távara sostuvo que el alto nivel de represión desde el Estado, el intento de judicializar la protesta y la casi nula aprobación hablarían de un gobierno al que es “cuestionable denominar democrático” y que a estas alturas se encuentra sumamente deslegitimado.

Y coincide con Radzinsky. Tampoco es que desde la gestión haya mucho por destacar.

“Incluso si pensamos desde lo técnico, habría que decir que durante estos cien días tampoco se ha mostrado ningún logro, obra o política que podamos plantear como relevante”, dijo.

De acuerdo con la politóloga, si la intención era instalar la idea de que se cuenta con un gabinete competente capaz de promover una mejoría en la conducción del aparato público, no es algo que se haya conseguido lograr, al menos hasta el momento.

Por su parte, el historiador y docente de la Universidad Católica de Chile José Ragas, desde una mirada comparativa, aseguró que estos cien días de Boluarte “han sido uno de los peores en la historia del país”.

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Advirtió que lo anterior no significa exculpar los desaciertos de los gobiernos anteriores.  “Pero la improvisación, las ansias de poder y el saqueo sistemático del Estado se han visto exacerbados como pocas veces antes. Hasta la fecha, el Gobierno carga con más de sesenta muertes y, en conjunto con el Congreso y un sector ultraconservador, ha buscado criminalizar la protesta social mediante la intimidación y la represión más brutal”, señaló.

El historiador precisó que la clase política gobernante es responsable del deterioro de la legitimidad de las instituciones democráticas, al buscar cooptar –o haberlo hecho ya– a los organismos electorales, a la Fiscalía, a la Sunedu, a la Defensoría del Pueblo, al Tribunal Constitucional, a los medios de comunicación y a las fuerzas de orden. 

“El objetivo es implementar una agenda autoritaria”

El historiador José Ragas llamó la atención sobre la posibilidad de que en las elecciones que vengan –el 2026 o antes– aparezcan en escena personajes extremistas que busquen beneficiarse de la situación.

“El objetivo es implementar una agenda autoritaria y adversa a derechos sociales, que permita el uso de recursos públicos por las autoridades sin mayor fiscalización”, dijo Ragas.

“El resultado es una sociedad cada vez más alejada de las entidades públicas –agregó–, y que ante la indiferencia de estas a las demandas sociales, ha generado una desafección que podría ser llenada por oportunistas radicales en los próximos comicios, si llegan a ocurrir”.