Alberto Otárola a la Fiscalía sobre muertos: Que respondan los militares

En condición de exministro de Defensa, y primer ministro, Alberto Otárola aseguró a los fiscales Edwin Núñez Cancino y Jesús Camacho Laura que la responsabilidad de la ejecución de las operaciones para restablecer el orden durante las protestas antigubernamentales corresponde al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

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Durante los interrogatorios del 23 de enero y 16 de febrero, los fiscales Núñez y Camacho fueron particularmente insistentes en saber si existió una orden expresa para el uso de armas de fuego reglamentarias durante la represión a las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte, particularmente en Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca y Arequipa.

Alberto Otárola, en todo momento, negó que Boluarte o algún miembro del gabinete o él mismo hubiera dado el mandato de disparar.

Reiteradas veces señaló que la ejecución de las operaciones contra las protestas, que produjo 48 civiles fallecidos, en su mayoría por impactos de proyectiles de fusiles Galil y AKM que utilizan los efectivos del Ejército y de la Policía, fue tarea del Ejército y la Policía.

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Otárola precisó que Boluarte indicó expresamente que se respetara la vida de las personas, pero que no consta en actas ni en ningún documento, que la comunicación fue oral, y que había un mensaje por WhatsApp que confirmaba su relato.

“En el Consejo de Ministros y en las diversas reuniones bilaterales que tuvo con diversos ministros, es decir, fue de manera verbal”, respondió en el primer interrogatorio del 23 de enero, según la transcripción fiscal que obtuvo La República gracias al reportero Alonso Ramos, del programa “Al estilo Juliana”, que dirige la periodista Juliana Oxenford.

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Y añadió: “Debo precisar que la presidenta Boluarte me reitera dicha indicación a través de un mensaje de WhatsApp, en la que señaló: ‘Se reitera que el uso de la fuerza debe ser siempre dentro de las reglas y marco legal establecidos y que la prioridad es la vida de los ciudadanos’. Dicho mensaje a su vez (lo) reenvié al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas armadas (general de división EP Manuel Gómez de la Torre Araníbar)”, narró Otárola.

Lo que el primer ministro no explicó fue por qué después de la disposición expresa de la mandataria Boluarte de que se le diera prioridad a la vida de los ciudadanos, se continuó registrando la muerte de civiles con disparos en la cabeza y el tórax, y en varios casos también por la espalda, en ámbitos geográficos que estaban bajo control del Ejército y la Policía. Tampoco se lo preguntaron los fiscales Edwin Núñez y Jesús Camacho.

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Los fiscales preguntaron a Otárola si como ministro de Defensa “dictó lineamientos o directivas para la ejecución de los planes de operaciones para el control de los desmanes y hechos violentos”. Contestó que esa no era su función y, nuevamente, atribuyó responsabilidad al Comando Conjunto.

“No, en mi condición de ministro de Defensa no es mi competencia dictar las normas que ya están establecidas (...), sin embargo, desde el punto de vista político, siempre instruí al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que cumplan con las normas del uso regulado de la fuerza. Estas fueron de manera verbal y escritas”, contestó.

Videos y fotografías, además de necropsias y peritajes balísticos forenses, publicados por La República y otros medios de comunicación, indican que el 15 de diciembre en Ayacucho los efectivos dispararon a matar durante las protestas de ese día. Incluso entre las diez víctimas se encuentran personas que ni siquiera eran parte de las manifestaciones.

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Después de los muertos en Ayacucho, Alberto Otárola, siendo todavía ministro de Defensa, mantuvo en sus puestos al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre Araníbar, y al comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Wari, general de brigada Jesús Vera Ipenza, cuyos efectivos bajo su mando fueron los que hicieron los disparos.

Los mantuvo en funciones no obstante la abundante evidencia que demostraría que los efectivos militares vulneraron las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que prohíbe expresamente los disparos indiscriminados, como ocurrió el 15 de diciembre.

Lamentablemente, en el interrogatorio, los fiscales no le preguntaron directamente a Otárola si para él los efectivos de la Segunda Brigada de Infantería Wari actuaron conforme a las RUF.

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Las RUF indican que “la autoridad superior en la línea de mando al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el ministro de Defensa (Alberto Otárola)  y el presidente de la República (Dina Boluarte)”. Sin embargo, en todo momento atribuyó al jefe del Comando Conjunto la ejecución de las operaciones.

“El Comando Conjunto es el órgano responsable del planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las operaciones y acciones militares de las Fuerzas Armadas. Como ministro de Defensa di instrucciones claras al jefe del Comando Conjunto, general de división Manuel Gómez de la Torre, para que se respete este marco, especialmente (...) en el sentido que dicho accionar debe enmarcarse en el respeto al derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Reitero que el ministro de Defensa no tiene comando sobre los operativos militares”, apuntó Otárola.

Sorprendentemente, Alberto Otárola manifestó a los fiscales que desconocía las operaciones militares.

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“No, no (fui) informado sobre los planes de operaciones. Reitero que lo que se nos informaba a los ministros eran el resultado de las acciones de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional. Pero no sobre los planes operativos, porque la dirección y ejecución de los planes operativos no corresponde al ministro de Defensa”, dijo.

Otárola ofreció como documento un pantallazo de un mensaje de WhatsApp al jefe del Comando Conjunto para acreditar que se pidió a los militares respetar la vida de los ciudadanos.

“(Los) pedidos fueron de manera verbal y a través de un mensaje de WhatsApp dirigido al jefe del Comando Conjunto, con el siguiente texto: ‘General, esto ha escrito la señora PR (presidenta). Como se dijo desde el primer día, el uso de la fuerza debe ser siempre dentro de las reglas y marco legal establecido. La prioridad es la vida de los ciudadanos. Saludos’”, contestó Otárola.

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“Desde el primer día” se pidió el “respeto a la vida”, señala Otárola. Entre el 12 y 13 de diciembre se registraron ocho fallecidos en Andahuaylas y el 15 de diciembre fueron 10 en Ayacucho. ¿Esto es lo que entiende por respeto a la vida Alberto Otárola?

Uno de los momentos trascendentes del interrogatorio que hicieron los fiscales Edwin Núñez y Jesús Camacho el 16 de febrero fue cuando indagaron con Otárola en qué momento se enteró del primer fallecido a balazos en Ayacucho. Otárola reconoció que fue el mismo jefe del Comando Conjunto quien se lo dijo, el general Manuel Gómez de la Torre. Ese mismo día fueron asesinados en total diez ciudadanos. Los fiscales preguntaron qué hizo para detener los fallecimientos después de haber recibido el reporte del primer caso. Alberto Otárola manifestó simplemente que le dio un mandato oral para que cesaran las muertes. Pero estas prosiguieron.

“¿De qué manera tomó usted conocimiento del primer fallecido en la región Ayacucho?”, le preguntaron.

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“A través del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”, respondió.

“¿Brindó usted alguna directiva o indicación como ministro de Defensa para evitar que se produjeran otras pérdidas humanas en la región Ayacucho?”, insistieron los fiscales.

“Como lo he precisado en las respuestas anteriores, esas indicaciones fueron permanentes”, dijo.

Pero si fueron “indicaciones permanentes” impedir que continuaran las muertes, ¿por qué estas continuaron registrándose más víctimas por disparos de fusiles Galil del Ejército? El primer cuerpo cayó a las 2 y 5 de la tarde y el décimo alrededor de las 7 de la noche. ¿Estas fueron las “indicaciones permanentes” de Otárola?

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El primer ministro expresó que dispuso que se hicieran las investigaciones, pero que no se enteró de los resultados.

“La indicación que di es que se dieran las facilidades del caso al Ministerio Público para la investigación, asimismo, que se inicie la investigación administrativa interna (dentro del Ejército) que corresponda. Esto último se le indicó al jefe del Comando Conjunto de manera verbal”, manifestó.

“¿Tiene usted conocimiento si se llegó a realizar alguna investigación al interior de las Fuerzas Armadas, en relación a las muertes acaecidas en la región Ayacucho?”, le indicaron los fiscales.

“Tengo conocimiento que se iniciaron las investigaciones, pero desconozco el resultado de las mismas, porque, con fecha 20 de diciembre, dejé de ser ministro de Defensa”, fue su respuesta.

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También dijo que no sabía si se acataron sus indicaciones de respetar la vida humana.

“Lo que puedo señalar es que las reglas existen (en referencia a las RUF), y si se cumplieron o no, eso lo determinará la investigación pertinente”, aseguró Otárola.

Preguntado si como presidente del Consejo de Ministros dio alguna indicación que derivó en la muerte de 18 ciudadanos durante las protestas en Juliaca, respondió lo mismo cuando lo interrogaron sobre su actuación como ministro de Defensa. No tenía injerencia alguna en la actuación ni de militares ni de policías.

Esto señaló: “La PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) no tiene control ni mando ni mandato legal sobre las decisiones del Comando Conjunto (de las Fuerzas Armadas) o de la Policía Nacional”.

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Ni siquiera estaba enterado, según él, que en la matanza de Juliaca los militares y policías usaron sus armas de fuego.

“Desconozco esa información. Precisamente, eso es materia de investigación”, contestó.

No sabía nada, afirmó Otárola.

El dato

Alberto Otárola no asumió ninguna responsabilidad sobre el asesinato de 48 civiles durante la represión de las protestas bajo el argumento que los ejecutores fueron militares y policías.

Cuestionario

—¿En su condición de ministro de Defensa, brindó usted alguna indicación o realizó alguna coordinación con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en relación a las acciones de control del orden interno, como consecuencia de las manifestaciones que se desarrollaban en el interior del país?

—Debo precisar que, según el artículo 8°, inciso 2, en concordancia con el artículo 14° del D.L. 1134, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el órgano resopnsable del planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las operaciones y acciones militares de las Fuerzas Armadas. Como ministro de Defensa di instrucciones claras al Jefe del Comando Conjunto, General de División Manuel Gómez de la Torre para que se respete este marco, especialmente el último párrafo del artículo 14° citado, en el sentido que dicho accionar debe enmarcarse en el respeto al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, reitero que el ministro de Defensa no tiene comando sobre los operativos militares.

—¿Si, en su condición de Ministro de Defensa, le fue puesto en su conocimiento el plan operativo, relacionado a las acciones a ejecutarse por las Fuerzas Armadas, para el control del orden interno, en el contexto de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional? De ser así, precise qué acciones adoptó al respecto.

—No, no me fue informado sobre los planes de operaciones. Reitero que lo que nos informaba a los ministros eran el resultado de las acciones de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, pero no sobre los planes operativos, porque la dirección y ejecución de los planes operativos no corresponde al ministro de Defensa.

—En su condición de ministro de Defensa, ¿brindó usted alguna directiva o lineamiento específico, para que en las acciones desplegadas por las Fuerzas Armadas en la región Ayacucho, se salvaguardara la vida e integridad de lo participantes en las protestas?

—Me remito a mis respuestas anteriores, precisando que esa indicación siempre se dio.

—¿De qué manera tomó usted conocimiento del primer fallecido en la región Ayacucho, durante las manifestaciones sociales?

—A través del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

—¿Brindó usted alguna directiva o indicación como ministro de Defensa, para evitar que se produjeran otras pérdidas humanas en la región Ayacucho?

—Como lo he precisado en las respuestas anteriores, esas indicaciones fueron permanentes.

—¿Brindó usted alguna indicación o recomendación para que se realizara alguna investigación al interior de las Fuerzas Armadas, para determinar si en dicho suceso, había algún tipo de responsabilidad por parte de alguno de sus miembros?

—La indicación que di es que se dieran las facilidades del caso al Ministerio Público para la investigación. Asimismo, que se inicie la investigación administrativa interna que corresponda. Esto último se le indicó al jefe del Comando Conjunto, de manera verbal.

—¿Tiene usted conocimiento si se llegó a realizar alguna investigación al interior de las Fuerzas Armadas, en relación a las muertes acaecidas en la región Ayacucho?

—Tengo conocimiento que se iniciaron las investigaciones, pero desconozco el resultado de las mismas, porque con fecha 20 de diciembre de 2022 dejé de ser ministro de Defensa.

—Estando a que existen indicios del uso de armas de fuegos por parte de los efectivos de las fuerzas del orden en el control de las manifestaciones en la región Puno el 9 de enero de 2023. Precise usted ¿quién habría autorizado el uso de armas de fuego?

—Desconozco esa información, precisamente eso es materia de investigación.

—¿Quiénes eran los mandos militares que estaban a cargo de las operaciones desarrolladas en la región Puno para el restablecimiento y control del orden interno ante las manifestaciones que se desarrolaron el 9 de enero de 2023?

—Desconozco, no pertenece a mi sector esa información, recordando que el control del orden interno estaba a cargo de la Policía Nacional del Perú.

—Conforme a la respuesta de la pregunta anterior, ¿puede precisar de qué manera pidió el respeto a la vida y a la integridad de toda la población y el cumplimiento estricto de dicho marco normativo, como ha referido en su respuesta a la pregunta anterior, y a quiénes dirigió ese pedido?

—Debo remitirme a mis respuestas anteriores, específicamente a las respuestas a las preguntas 3, 12 y 16 de mi anterior declaración. Reiterando que fueron de manera verbal y a través de un mensaje de WhatsApp dirigido al Jefe del Comando Conjunto, con el siguiente texto: "General, esto ha escrito la Sra. PR. Como se dijo desde el primer día, el uso de la fuerza debe ser siempre dentro de las reglas y marco legal establecido. La prioridad es la vida de los ciudadanos. Saludos", debiendo precisar que al referirme a ciudadanos este concepto enmarca a todos, tanto a la poblacón civil, menores de edad, policías, militares y manifestantes.