Procuraduría advierte que Ministerio Público vulnera el proceso contra Alberto Otárola
Alerta. Fiscalía no citó a defensa del Estado a continuación de interrogatorio al jefe de la PCM por muertes en las protestas. Procuraduría planteó tutela de derechos ante la Corte Suprema.
La República en GoogleEn el marco de la investigación fiscal por las decenas de decesos y centenares de heridos en protestas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, la Procuraduría General del Estado ha pedido al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema anular un interrogatorio de la Fiscalía de la Nación al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por presuntamente haberse transgredido el debido proceso.
Específicamente, lo que se ha requerido es dejar sin efecto el acta de declaración de Otárola Peñaranda del jueves 16 de febrero. Ese día, el jefe del gabinete acudió al Ministerio Público para seguir respondiendo las preguntas de los fiscales y procuradores que estuvieron presentes en la primera sesión, realizada el 23 de enero.
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Sin embargo, la Fiscalía de la Nación, según fuentes de La República, no invitó a la Procuraduría a la cita del jueves 16. Es decir, no se permitió a los representantes de la institución que dirige Daniel Soria interpelar al jefe del gabinete ministerial.
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“Eso es grave e inusual. No los han citado cuando el Estado es el agraviado por estos delitos”, advirtieron las fuentes. “No les han permitido entrar, no han querido que los procuradores ni firmen el acta de inconcurrencia”, agregaron.
La República buscó los descargos de la Fiscalía de la Nación; sin embargo, al cierre de esta nota, no hubo respuesta alguna. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó la audiencia para evaluar la tutela de derechos para el jueves 2 de marzo, a las 11.00 a. m.
El caso
En esta investigación, la Fiscalía imputa preliminarmente a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Estos ilícitos se habrían cometido durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
La investigación se inició el 10 de enero, un día después de que en Juliaca se reportaron 18 fallecidos.
La República dio a conocer que 17 de los decesos fueron por proyectiles de armas que usan las fuerzas del orden. Boluarte ha evitado pronunciarse al respecto.
