Gobierno de Dina Boluarte cesa a subprefectos distritales de 23 regiones

El Gobierno de Dina Boluarte, a través de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, removió del cargo a 177 subprefectos distritales en las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Así lo dispone la resolución directoral Nº 403-2022-IN-VOI-DGIN, rubricada por la jefa de la Dirección General de Gobierno Interior, Benigna Del Carmen Aguilar Vela, quien fuera designada en dicho cargo por el extitular del Interior, César Cervantes.

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“La entrega de cargo de las autoridades políticas cesadas será recibida por el personal administrativo de la misma subprefectura o el más cercano de su circunscripción (...) Las autoridades políticas cesadas deberán formular y presentar las declaraciones juradas de bienes y rentas, así como las declaraciones juradas de intereses, a fin de dar cumplimiento al marco normativo vigente”, se lee en el referido texto.

Cesaron a prefectos regionales

A mediados de este mes, la presidenta Dina Boluarte y el exministro César Cervantes dispusieron el cese definitivo de los 24 prefectos regionales, quienes, según la versión del Ejecutivo, habrían contribuido en la agudización de las protestas al interior del país.

“La decisión es reemplazar o dar por concluido estos nombramientos, porque lo que nosotros queremos no solamente son funcionarios probos, sino funcionarios que no atenten contra el estado de derecho y que no se conviertan en personas que solivianten el orden público”, indicó el entonces ministro de Defensa y actual primer ministro, Alberto Otárola, a RPP.

Los prefectos removidos fueron designados en la gestión del vacado expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo luego de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria le dictara 18 meses de prisión preventiva por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.