La denuncia constitucional por peculado doloso y cohecho pasivo específico que presentó la fiscal suprema Delia Espinoza contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y la congresista de Avanza País Patricia Chirinos, revela cómo ambas funcionarias coordinaron el ataque a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La República accedió a esta denuncia constitucional de 112 páginas. En la número 16, la fiscal Espinoza detalla la vinculación entre la suspendida fiscal Patricia Benavides y la congresista Patricia Chirinos.
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"Las denunciadas se habrían vinculado a través de los asesores Jaime Villanueva y Abel Hurtado, cabe precisar que este último había trabajado con anterioridad en el Congreso, desempeñándose como coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa. Es así que fue éste quien habría iniciado los vínculos con Chirinos Venegas, presentándole a Villanueva Barreto", señala la acusación constitucional.
Y agrega: "Los vínculos generados con la denunciada Patricia Rosa Chirinos habrían propiciado que éste presentara en el Congreso de la República, entre otros, determinadas pretensiones tales como la moción de orden del día número 7565, que tenía por finalidad lograr la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia; así como la presentación de la denuncia contra los jueces superiores que otorgaron la medida cautelar en favor de los integrantes de la entidad antes citada".
Como se sabe, en agosto del año pasado la congresista Patricia Chirinos fue la promotora de una moción para iniciar una investigación sumaria contra todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. La denuncia constitucional destapa el interés de la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides en remover a estos consejeros.
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Hasta ese mes, la suspendida fiscal tenía tres procesos disciplinarios abiertos en la JNJ por haber cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana y juez Emma Benavides, haber sido condecorada por el alcalde de Lima Rafael López Aliaga y sus tesis con las que obtuvo los grados académicos de magíster y doctora.
La fiscal Delia Espinoza divide la presunta organización criminal en dos redes: la interna y la externa. En la primera se encontrarían los exasesores de Benavides Jaime Villanueva, Miguel Ángel Girao Isidro y Abel Hurtado y los fiscales adjuntos supremos Marco Huamán y Elmer Constantino, entre otros. Mientras que en la segunda, la red estaría integrada por las congresistas Patricia Chirinos y su colega de Fuerza Popular Martha Moyano.
Chirinos, como presunta integrante de esa red extrena, además de haber coordinado con los exasesores de Benavides el intento de remover a los magistrados de la JNJ por supuesta falta grave, también planificó una denuncia por prevaricato contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
El 7 de noviembre del año pasado, cuando el Pleno del Congreso estaba a punto de votar la remoción de los miembros de la JNJ, el Poder Judicial aprobó una medida cautelar que suspendía ese proceso de manera temporal hasta resolver la acción de amparo interpuesta por los magistrados contra este ataque al sistema judicial.
La página 32 de la denuncia constitucional relata que ese día Villanueva le informó a la exfiscal de la Nación que había coordinado presentar una denuncia contra los jueces que aprobaron la cautelar. Benavides le indicó que ordenaría al fiscal adjunto supremo Álvaro Abilio Castañeda Rojas, entonces encargado del Área de Denuncias contra Magistrados de la Fiscalía de la Nación, que redactara el documento, en coordinación con Villanueva y Abel Hurtado, para que luego ambos asesores se lo remitan a la congresista Chirinos.
"El fiscal adjunto supremo Álvaro Abilio Castañeda Rojas habría aceptado elaborar la citada denuncia por el grado de confianza que habría tenido con la denuncia Benavides; además, porque su permanencia en el cargo dependía directamente de la citada imputada, dada su condición de fiscal de la Nación", señala el documento.
Además, Benavides, presuntamente haciendo uso indebido de su cargo de titular del Ministerio Público, "habría logrado que el fiscal adjunto supremo Miguel Ángel Vegas, quien dirigía el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, con participación de la fiscal adjunta suprema Doris Gloria Beltrán, perteneciente también al mismo despacho fiscal supremo, inicien de manera célere una investigación contra los jueces superiores que ampararon la medida cautelar en favor de los integrantes de la JNJ", añade la acusación constitucional de la fiscal Espinoza.
Con el caso Valkiria, la red de Benavides fue desmentaleda y la JNJ la suspendió medio año del cargo de fiscal de la Nación. Esa medida provisional termina el próximo mes y el proceso disciplinario que le abrieron por esa imputación todavía no tiene veredicto. El problema es que la junta no tiene quorum.
Aunque el Congreso no removió a los miembros de la JNJ debido a que acataron la medida cautelar. A inicios de este año, procedieron con un juicio político que terminó con la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello. Debido a ello la junta quedó sin dos miembros y no tiene quorum para resolver el proceso disciplinario contra Benavides por el caso Valkiria.