2024: un año clave para el sistema electoral ante la amenaza del Parlamento

Este año, en medio de las amenazas del Congreso al sistema judicial y electoral, vence el mandato de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

En setiembre se cumple el periodo del jefe de ONPE, Piero Corvetto, y de la jefa de Reniec, Carmen Velarde. La institución encargada de elegir a sus reemplazos, a través de un concurso público, es la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Tras la suspensión de la fiscal Patricia Benavides, el Congreso ha vuelto a buscar la remoción de los miembros de la JNJ, los que, en agosto del 2020, eligieron a Corvetto y Velarde como titulares de ONPE y Reniec.

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Corvetto llegó al cargo para reemplazar a Adolfo Castillo, exjefe de la ONPE investigado por el caso de corrupción Los Gánsteres de la política. Castillo fue destituido por la JNJ por cometer falta grave al no haber realizado un debido control sobre las firmas presentadas por Podemos Perú, partido de José Luna Gálvez, para lograr su inscripción.

En 2021, la ONPE, además, se negó a entregar los padrones electorales a Keiko Fujimori, cuando su partido Fuerza Popular los exigió para usarlos de insumo en su denuncia de fraude electoral.

Es decir, el jefe de la ONPE tiene anticuerpos en diversos flancos en el Congreso.

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El factor Salas Arenas

Pero no es el único con rechazo en el Parlamento y con su mandato a expirar este año. Dos meses después de terminar el periodo de Corvetto y Velarde, pasará lo mismo con el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. El magistrado es representante de la Corte Suprema del Poder Judicial ante este máximo tribunal electoral.

Salas Arenas también fue vital en el JNE cuando el partido de Keiko Fujimori intentó desconocer los resultados electorales a través de la conspiración, denunciando un supuesto fraude.

El cargo de Salas Arenas como magistrado del JNE no depende de la JNJ, pero su ratificación sí. Asimismo, su continuidad como funcionario público está en manos del Congreso.

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En febrero del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) recomendó que se modifique el artículo 99 de la Constitución para que las autoridades electorales sean sometidas a antejuicio y juicio político.

Dos meses después, en la Comisión de Constitución había seis proyectos de ley en ese sentido, impulsados por Fuerza Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso (APP) y Acción Popular.

Asimismo, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales llegó una denuncia de la congresista de Avanza País Rosselli Amuruz contra el juez Salas Arenas, con el objetivo de inhabilitarlo mediante un juicio político.

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El avance de esa acusación aguarda que primero la Comisión de Constitución, que ahora preside la fujimorista Martha Moyano, y luego el Pleno, den luz verde a la contrarreforma que permita denunciar constitucionalmente a los titulares de los organismos electorales.

No es la primera vez que desde el Legislativo pretenden apartar a una autoridad judicial que no vaya con sus intereses. En junio pasado, el Pleno inhabilitó a la exfiscal suprema Zoraida Ávalos.

Este escenario también explica la premura que tienen en el fujimorismo y sus satélites para destituir a los miembros de la JNJ. “Necesitan deshacerse de esta Junta para que la nueva esté a cargo de la elección de los jefes de ONPE y de Reniec. O sea, van por todo realmente”, alertaron fuentes del sistema electoral.

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Todavía en diciembre vence el mandato de los magistrados de la JNJ, así que en el Congreso tienen tiempo suficiente para dar el zarpazo. La premisa de las fuerzas políticas es clara: después de capturar la JNJ, el siguiente blanco es obtener un sistema electoral a su medida, con miras a las nuevas elecciones generales.

También vence el mandato de la JNJ

En diciembre termina el periodo de los miembros de la JNJ, pero a más tardar en marzo el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, deberá convocar al proceso para elegir a sus sucesores.

Los magistrados de la JNJ son elegidos por un concurso público, liderado por una Comisión Especial, que preside el defensor del Pueblo y la integran el presidente del TC, el contralor, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial y dos rectores en representación de las universidades públicas y privadas.

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El Congreso eligió al defensor del Pueblo y a los miembros del TC.